Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona quiere aligerar su inmensa maraña normativa. Según ha averiguado elEconomista.es, el gobierno local ha diseñado una estrategia para revisar las 555 regulaciones municipales que conforman el corpus jurídico local. En un documento al que ha tenido acceso este medio, el consistorio manifiesta su voluntad de "identificar y derogar expresamente disposiciones tácitamente derogadas o inaplicables, obsoletas, innecesarias, ineficaces o que contienen duplicidades regulatorias".
El objetivo final es reducir la burocracia y agilizar los trámites municipales con los vecinos y empresas, una demanda que grupos de la oposición como el PP vienen reclamando desde hace años. Esta medida de gobierno, que da continuidad al Plan Barcelona Fácil lanzado en 2021, se presentará mañana y se llevará al pleno del próximo viernes, 25 de abril.
Entre las 555 disposiciones legales, hay 68 ordenanzas y 98 reglamentos. El resto (389) corresponden a normas aprobadas por el gobierno municipal de forma colegiada o por la alcaldía. Las ordenanzas y los reglamentos contienen "la regulación con más impacto en los diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía, sea en la esfera económica o en la social".
"Esto es especialmente cierto respecto de las ordenanzas, que plasman la ordenación social aprobada por el Consell Municipal, mientras que los reglamentos regulan aspectos organizativos o ad intra del régimen de funcionamiento municipal", se detalla.
Por otro lado, el ayuntamiento gobernado por el PSC ha analizado la antigüedad del conjunto normativo municipal. Según se desprende de este estudio, el 30% de las normas data del siglo XX y, si se suman las aprobadas durante la primera década del siglo actual, el porcentaje crece hasta el 36%. Casi 4 de cada 10 normas municipales tienen más de 15 años de antigüedad, "señal inequívoca que hace falta llevar a cabo una tarea de revisión y (...) actualización".
Los trámites para derogar las ordenanzas y reglamentos obsoletos empezarán durante el primer cuatrimestre de 2025 y su aprobación inicial se llevará a cabo previsiblemente en junio. El visto bueno definitivo llegará en septiembre de 2025.
Nueva oficina para profesionales
Al margen de esta poda legal, el ayuntamiento planea otras acciones para mejorar la eficiencia administrativa y fomentar la actividad económica. Entre otras, crear una Oficina de Atención Profesional, en coordinación con los distritos como órganos gestores y la Oficina de Atención a la Empresa, implementar la licencia urbanística única y simplificar y facilitar el papeleo administrativo en los procedimientos de obras (ORPIMO). También se digitalizarán nuevos trámites y, al igual que con la legislación, se revisará el ecosistema de webs del ayuntamiento para mejorar la experiencia del usuario.
Con esta batería de propuestas, el alcalde Jaume Collboni no solo replica el empeño de otras administraciones como la Generalitat de Cataluña, que también se ha comprometido a depurar su cuerpo normativo, sino que recoge el guante del grupo municipal del PP que ha dado esta batalla desde la oposición.
En octubre de 2023, el plenario aprobó a petición de los populares la creación de una comisión no permanente de estudio sobre la simplificación administrativa. Las sesiones de esta comisión concluyeron a finales del año pasado.
Entre las medidas planteadas por el grupo que lidera Daniel Sirera se hallaban justamente la derogación de normas obsoletas, así como la implementación de la declaración responsable y la licencia urbanística única. También se reclamaba la puesta en marcha durante el primer trimestre de 2026 de una Oficina de Atención a los Profesionales que asesorará a los agentes privados antes de iniciar sus proyectos. En este sentido, se apuntaba a la necesidad de mejorar la colaboración público-privada en materia de licencias.