La composición de las mesas del diálogo social ha protagonizado las batallas más encarnizadas de la historia del mercado laboral en democracia, pero también las más desconocidas por el gran público, en parte por la complejidad y opacidad de los mecanismos para el reparto de sillas. Todos los ciudadanos españoles conocen perfectamente lo que representan las siglas UGT, CCOO, CEOE o Cepyme, pero quizá no tengan tan claro por qué precisamente estas, y no otras, tiene el poder para negociar 'de tú a tú' con el Gobierno las medidas económicas y, sobre todo, laborales, que nos afectan a todos.
Estas cuatro organizaciones, dos sindicales y dos patronales, son los interlocutores preferentes del Gobierno central y la mayoría de los autonómicos, provinciales y locales. Cada una se divide en diversas federaciones geográficas y sectoriales que multiplican su alcance territorial y entre las diferentes actividades económicas. A estas mesas se suman los autónomos, cuya reparto es algo más complejo ya que en este caso existen tres organizaciones 'preferentes': ATA la mayoritaria, seguida de UPTA y Uatae que, en principio, defienden al mismo colectivo, pero con divergencias notorias en su relación con las diversas administraciones.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Como su propio nombre indica, el diálogo social tripartito es aquel que se produce a tres bandas, entre un Ejecutivo y los representantes de los trabajadores y de los empresarios, y se centra en las medidas económicas y laborales de carácter general. Se diferencia así claramente del bipartito, que solo atañe a patronales y sindicatos, y se centra en cuestiones que se producen en relaciones laborales a nivel sectorial y en el seno de las empresas. Esta negociación es independiente, con el único límite de la legislación general.
Los representantes de las partes no tienen por qué ser los mismos, ya que en algunos sectores o comunidades autónomas las patronales y sindicatos no tienen el mismo peso. Ejemplos claros son los convenios a nivel autonómico o el ámbito de la función pública, en el que el 'patrón' es el Estado o la administración correspondiente. Pero ambos niveles no son independientes: las reformas legales que se pactan a nivel tripartito condicionan las bipartitas (pensemos por ejemplo en el SMI o una reforma laboral).
Blindaje a los sindicatos
Además, los que se sientan en las mesas tripartitas son elegidos por su representatividad en las bipartitas. Esto ha sido una continua fuente de conflictos entre organizaciones patronales y sindicales 'mayoritarias' y 'minoritarias'. Las segundas (algunas con gran peso a nivel sectorial y regional en el caso de los sindicatos vascos y las patronales catalanas), protestan con que su tarea se ve 'torpedeada' en muchas ocasiones por las grandes, que responden a intereses al margen de los verdaderos intereses de los trabajadores y empresarios, muchas veces marcados por directrices políticas e ideológicas.
Las críticas a las dos grandes centrales sindicales son recurrentes entre las demás; en el ámbito de las empresas, el ejemplo más criticado es Cepyme, patronal de la pymes, pero vinculada íntimamente a la de las grandes empresas, la CEOE.
Aunque esto también encierra una cuestión económica. Las organizaciones con mayor peso en las mesas tripartitas reciben más subvenciones y ayudas públicas como contraprestación a su tarea de negociación, lo cual redundan en que tengan mayores recursos económicos para captar afiliados y, con ello, elevar su poder a nivel bipartito.
¿Cómo se determina la representatividad? En el caso de las organizaciones empresariales, se fija en el 10% de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal y 15% en el autonómico. En el de los sindicatos es algo más complejo: se estima en el 10% del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones. En el caso de las comunidades autónomas, la exigencia es algo mayor: se requiere el 15%, pero siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes "y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal".
Con ello se 'blinda' a los dos mayores sindicatos estatales (UGT y CEOE) ante la entrada de rivales también de carácter nacional como CGT, CSIF o USO, así como de los vascos ELA y LAB y los gallegos CIGA. A esta lista empieza a asomarse también el sindicato satélite de VOX, Solidaridad, que ha convocado su huelga general para este 24 de noviembre.
A estas organizaciones les ha molestado casi tanto como a la CEOE, aunque por motivos diferentes, que la reforma del diálogo social planteada por Sánchez y Díaz tenga como único objetivo a las pymes excluyendo totalmente a los sindicatos, con una estrategia evidente que busca laminar a Cepyme en favor de la recién nacida Conpymes.
Esta situación se repite con los autónomos, cuyo nivel de interlocución con el Ejecutivo es también una fuente de ingresos y recursos. Aunque al no desarrollar negociaciones a nivel bipartito (por su carácter 'mixto' entre trabajador y empresario), su participación a nivel institucional se mide de otra forma, teniendo en cuenta sus afiliados, pero también sus recursos y su nivel a través de su participación. El modelo es el que se aplica para la selección en el Consejo del Trabajo Autónomo, una puntuación compleja y rígida pero que beneficia a ATA, UPTA y a Uatae en detrimento de otras organizaciones.
El 'problema' para el Ejecutivo es que ATA, la más alejada de sus tesis, en integrada enla CEOE, es la mayoritaria, con un 60% de afiliación. El resto se lo reparten las otras dos, vinculadas a UGT y a Conpymes, En este escenario, la idea del Gobierno de "democratizar" la representatividad se interpreta como una jugada paralela a la de Cepyme. Algo aún más evidente si tenemos en cuenta que Uatae está integrada en Conpymes.
