La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas comprometida en el acuerdo de Gobierno anunciado por PSOE y Sumar amenaza con dinamitar parte del camino recorrido hasta la fecha por patronal y sindicatos en la mesa de la negociación colectiva. Los acuerdos cerrados entre empresarios y trabajadores han mostrado ser más ambiciosos que la propuesta que liderará Yolanda Díaz en el caso de que Pedro Sánchez sea finalmente investido presidente. Hasta la fecha, ya se han firmado 964 convenios que establecen jornadas semanales inferiores a las 37,5 horas que se extienden por 3.893 empresas y de los que se benefician 1,13 millones de trabajadores, según datos del propio ministerio de Trabajo.
Muchos otros convenios siguen negociándose ante el malestar de los empresarios que critican que Díaz y Sánchez no hayan tenido en cuenta todo el trabajo realizado. Fuentes empresariales reconocen que el acuerdo "podría echar por tierra" el calendario de implantación de la reducción de la jornada que desplegaba un periodo de adaptación de menos de tres años. El encaje será complejo. El documento firmado establece que la medida se aplicará por ley, aunque de manera escalonada. En 2024 se llegaría a las 38,5 horas semanales, hasta llegar al objetivo de las 37,5 un año después.
"Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del Diálogo Social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales", denuncian CEOE, Cepyme y ATA en un comunicado conjunto.
En el Congreso de la Empresa Familiar, que se celebra en Bilbao, son muchas las voces que se han alzado contra la medida. Aunque por ahora prefieren mantener el anonimato, los empresarios aseguran que "reducir la jornada laboral sin ligarlo con la competitividad lo único que va a provocar es empobrecernos como país". A la espera de conocer el documento definitivo, las empresas reclaman que por encima de todo se prime así la productividad. El congreso de este año del Instituto de Empresa familiar está centrado en la fuerza de las personas e incluso el presidente de la organización, Andrés Sendagorta, ha animado a una subida de los salarios. Pero también ha dejado claro que "el límite tiene que ser el listón de la competitividad".
A falta de conocer los detalles, los empresarios temen el impacto que la medida pueda tener sobre sus cuentas. Fuentes consultadas prevén que el alza de salarios reales al que aboca el pacto PSOE-Sumar "rondará el 8-9% más cotizaciones sociales". Un coste que las fuentes consultadas consideran, literalmente, "insostenible".
Desencuentro entre Díaz y Calviño
Desde un inicio, la rebaja de la jornada laboral se había situado como un piedra en el camino de las negociaciones entre los futuro socios de Gobierno. Sumar apostó por la medida como una línea roja que debía estar en el acuerdo final a pesar de las reticencias de la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, que había planteado abordar el asunto de manera más sosegada para dar tiempo al avance de las conversaciones sectoriales. Sin embargo, la persistencia de los de Díaz, y el calendario de plazos impuesto, forzó a los socialistas a incluir la iniciativa como compromiso legislativo.
En concreto, el texto establece que la modificación se hará por ley y de forma gradual. El año que viene se impondrán las 38,5 horas semanales, y habrá que esperar a 2025 para la implantación de las 37,5 horas. Díaz pretendía adelantar los plazos un año y se marcó como objetivo inicial las 32 horas semanales. Por contra, Calviño planteó trasladar el debate a la mesa del diálogo social, derivarlo a las conversaciones entre empresarios y sindicatos, y resolver el predecible desencuentro más adelante.
El término elegido dibuja una tarea que no será sencilla. El gran inconveniente se avista en torno al sobrecoste que demandará la medida para las empresas; un esfuerzo que -a día de hoy- no están dispuestas a asumir. Un papel -el de mediador- que quiere asumir Yolanda Díaz. Desde Sumar reivindican que la vicepresidenta segunda en funciones ha cerrado 18 acuerdos en la mesa del diálogo social, y recuerdan el hito alcanzado a través del pacto sobre la reforma laboral acordada a finales de 2021 y convalidada -por la mínima- en el Congreso de los Diputados en febrero del año siguiente.
