Madrid
La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil -el equivalente a la Abogacía General del Estado en España- pretende pedir el bloqueo de los activos a empresas que sean sospechosas de financiar a los golpistas de la Praça dos Três Poderes, en Brasilia, el pasado domingo.
Según informaba ayer el periódico O Globo de Brasil, los objetivos todavía no están cerrados "porque los datos se están volviendo a verificar". Pero el Gobierno brasileño, liderado por Luíz Inácio Lula da Silva (PT), está intentando identificar a los grupos privados que habrían financiado los viajes de ida y vuelta de los golpistas a la capital.
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, aseguró este lunes que la decisión que tomaron fue la de "incautar y bloquear todos los autobuses identificados por la Policía Federal que trajeron a los terroristas al Distrito Federal". El magistrado también emitió la orden de que las empresas propietaras de los 87 vehículos que carretaron a estas personas a Brasilia presten declaración en un plazo de hasta 48 horas y que aporten "la lista e identificación de todos los pasajeros y los que contrataron el transporte", incluyendo los contratos por escrito, "si los hubiere", medios de pago y cualquier otra información relevante.
Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, aseguró que la Policía Federal de Carreteras ya identificó "a los responsables de financiar el transporte de los golpistas" hasta Brasilia en diez estados. Según las cifras oficiales, la víspera del asalto a la Plaça dos Três Poderes llegaron a la capital del país amazónico más de un centenar de microbuses. Según Dino, varios empresarios "financiaron el alquiler de dichos vehículos".
El responsable de Justicia dijo que se puede afirmar "claramente" que hubo financiación privada. Al mismo tiempo, informó de que tienen en su posesión la lista de todos los que contrataron dichos autobuses. "Se va a llamar a declarar a esta gente porque alquilaron estos vehículos y no eran para excursiones turísticas", sentenció.
Un mes después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva saliese elegido en la segunda vuelta de octubre, la Policía Federal y la Fiscalía se pusieron a investigar a los responsables de financiar actos antidemocráticos. En el campamento de Brasilia, establecido ante el cuartel general del Ejército, por ejemplo, los bolsonaristas tenían baños químicos y comida gratis, y la justicia brasileña se puso a investigar la procedencia de dichos servicios. Precisamente, desde este punto fue donde partió el grupo de personas que realizó los destrozos en la sede de la soberanía brasileña el pasado día 8.
Según informaba ayer O Globo, los gobernadores de los Estados se reunieron con Lula en le Palacio Planalto (sede del poder Ejecutivo) y el presidente les trasladó que el Gobierno se compromete a "encontrar los responsables de las manifestaciones golpistas".
En sus comparecencia, Lula aseveró que las 1.500 personas detenidas durante los disturbios "permanecerán detenidas hasta que termine la investigación". El mandatario aseguró que no dejarán de investigar a todas las personas que estuvieron presentes el domingo en el asalto quienes, según él, "posiblemente sean víctimas, masas de maniobra que seguramente recibieron ayuda y comida para venir a protestar a Brasilia".
En este sentido, el presidente brasileño dijo que las cabezas pensantes del golpe "seguramente no vinieron" por lo que "queremos saber quién financió, quién puso el dinero para que esta gente se quedara tanto tiempo".
El gobernador de Brasilia
El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, fue apartado de su puesto tras el asalto de los bolsonaristas a las sedes de los tres poderes.
Esta suspensión fue ordenada por la Corte Suprema de Brasil y tiene una duración de 90 días. Además, el supremo exigió a las fuerzas de Brasilia que liberen cualquier edificio que esté ocupado.
La decisión de apartar al bolsonarista Rocha fue tomada por el magistrad Alexandre Moraes. El magistrado dijo que "la escalada violenta" contra la sede de los poderes solo podía ocurrir con la aprobación, "y hasta la participación efectiva", de las autoridades competentes, por la seguridad pública e inteligencia. Al mismo tiempo, aseveró que la organización de estos golpistas "era sabida, ya que fue divulgado por los medios de comunicación brasileños".
Por este motivo Moraes señaló directamente a Rocha, que horas antes de su destitución, emitió un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, pidiendo disculpas al presidente Lula y a los poderes del Estado por "los graves acontecimientos" ocurridos en Brasilia el domingo.
Castigo "por acción u omisión"
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Malexandre Moraes, dijo ayer que va a continuar "en la lucha contra los terroristas" que cometieron los actos vandálicos en Brasilia: "Las instituciones van a sancionar a todos los responsables. Quienes realizaron los actos, quienes financiaron o quienes alentaron, por acción u omisión". Estas declaraciones se sucedieron durante la toma de posesión del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
