Antonio Ojeda Escobar es el nuevo presidente de los notarios españoles y accede al cargo en un momento decisivo. Tendrá que defender los intereses de su colectivo ante la elaboración de la nueva ley que repondrá el control de legalidad del Notariado; ante la Hoja de Ruta, en la que se dilucidará el solapamiento de sus funciones con las registrales; ante la reforma del Catastro y la adopción de nuevas herramientas gráficas.
Además de luchar frente a los coletazos de la crisis económica sobre las notarías, afectadas por la caída de la construcción y de las ventas de viviendas.
¿Cómo prevén las notarías afrontar esta crisis?
Las dificultades por las que están pasando las notarías creo que son conocidas por todos. Yo siempre les decía a mis empleados que en algún momento llegaría la crisis, pero nadie sospechaba que sería con la intensidad que lo ha hecho. La crisis afecta a los dos pilares que han sido el soporte de las notarías en los últimos años: el sector financiero y el inmobiliario.
¿Siguen viendo los despidos como una solución?
La repercusión de esta crisis puede llevarnos a que se tengan que producir reducciones de empleo. En las notarías rurales se superan mejor las crisis, pero no así en las urbanas o de costa. La reunión que mantuvo ayer el presidente del Gobierno puede ser interesante. Si los bancos y las cajas de ahorros abrieran el grifo y empezaran a conceder préstamos, repercutiría notablemente en el sistema. También en el trabajo notarial, ya que ha bajado hasta en un 50%.
¿Fue fruto del apasionamiento el decir que no se podía defender a los ciudadanos tras la sentencia del Supremo?
La sentencia en ese punto concreto era bastante incorrecta. Vino a quebrar lo que hasta entonces había sido la línea general, practicada por el Notariado. El Consejo tuvo que reaccionar con rotundidad para que no existiese ninguna duda.
No fue fruto de un apasionamiento o de un calentón momentáneo, sino que valoramos la trascendencia que debía tener ese pronunciamiento de Tribunal Supremo, y por eso queríamos que quedara pronto resuelto. Pero no fue sólo el Consejo, sino también el Secretario de Estado de Justicia quien salió inmediatamente para poner coto a las consecuencias que se podían derivar del fallo.
¿A la espera de la Ley que reponga el control de la legalidad notarial, qué seguridad tiene el ciudadano en la notaría?
A nadie se le ocurre que un notario vaya a intervenir en un documento que sea contrario a la legalidad, pero la sentencia de mayo de 2008 ha venido a sembrar dudas, inseguridades con las que hay que tratar de acabar.
Es necesario que la Ley diga que el notario tiene el control de la legalidad, que está obligado a ese control y, como consecuencia, que la escritura pública, derivada de ese control de legalidad, esté dotada de las presunciones de legalidad, de veracidad y de integridad, además del efecto legitimador de la escritura pública. Eso nos parece fundamental.
El informe sobre el solapamiento de funciones que han remitido a Justicia parecía un alegato para que les liberen de los registradores, ¿es cierto?
Nosotros teníamos que responder a las cuestiones que nos demandaba la Dirección de los Registros y del Notariado. En el informe partimos de los dos pilares de nuestro sistema de seguridad preventiva, que son la escritura pública y la calificación registral. No se cuestiona en el informe el sistema, sino que pedimos que se quiten de enmedio las duplicidades en beneficio de los ciudadanos.
La solución es que la calificación registral se atenga a los límites que tradicionalmente han sido los suyos. La calificación de los registradores ha experimentado una expansión que no se corresponde con la realidad del sistema. Esa expansión es la que ha provocado la duplicación de funciones. Creo que la calificación registral hay que mantenerla, no eliminarla, sino que se ciña a sus límites.
¿Y la solución pasa por mejorar la relación con el Catastro?
Yo les he dicho a mis compañeros de Consejo que mi programa de Gobierno tiene que partir de ese informe. Tradicionalmente, las relaciones entre el Registro de la Propiedad y el Catastro han sido prácticamente inexistentes y ahora las ventajas técnicas actuales permiten que la realidad de los libros del Registro coincida con la realidad extraregistral.
Porque, como dice el informe, a veces hay fincas en el Registro que no existen en la realidad o fincas que están inscritas dos veces. Si queremos dotar al Registro de una seguridad jurídica es necesario que el suministro del Registro sea esa base física que suministra el Catastro.
