ACS registró un impacto negativo en sus cuentas de 2015 de 25,7 millones de euros por su participación en TP Ferro, la sociedad que gestiona la línea de Alta Velocidad entre Figueres, en Gerona, y Perpignan (Francia) que se declaró en concurso de acreedores el pasado verano.
De esta forma, el grupo, que tiene una participación del 50% -el otro 50% pertenece a la constructora gala Eiffage-, casi triplicó los 9,6 millones que perdió en 2014 por la concesionaria, que ya en 2013, en su primer año de actividad, golpeó las ganancias de ACS en 470.000 euros. Por tanto, en apenas tres años, la constructora ha perdido casi 36 millones.
El grupo de construcción detalla que el resultado de explotación de TP Ferro generó 5,8 millones de números rojos para ACS, una cifra ligeramente superior a la registrada un año antes (5,5 millones). TP Ferro aún no ha comunicado sus resultados de 2015. En 2014, perdió 112,8 millones, que se sumaron a los 198.874 euros de 2013.
Costes derivados de la deuda
Los costes derivados de la deuda, fundamentalmente, explican el resto de las pérdidas asociadas. La deuda de la sociedad se elevaba hasta 428 millones en julio del año pasado, un nivel que frustró las negociaciones con los acreedores para su refinanciación y que abocó a la empresa al concurso.
La multinacional que preside Florentino Pérez ha deteriorado asimismo el valor patrimonial de la concesión en una cuarta parte (el 26,2%), con lo que ha pasado de 490,5 millones en 2014 a 361,8 millones al cierre del último ejercicio, según recoge en su Informe Financiero de 2015.
ACS desvela que el informe del administrador concursal se emitió en noviembre pasado, "no planteándose incidentes concursales". El proceso se encuentra ahora en fase de convenio y finalizará en junio de este año. Por tanto, la compañía tiene apenas tres meses para llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar así la liquidación, que presumiblemente obligaría al Estado a asumir una cláusula similar a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que contiene el contrato de concesión. La infraestructura supuso una inversión de 1.000 millones, de los que unos 600 millones correspondieron a financiación pública.
La constructora considera que "mantiene provisiones suficientes para atender escenarios de solución que implicaran la no recuperación de los fondos invertidos en el proyecto, no considerando necesario el registro de provisiones adicionales a las ya existentes, ya que no existen garantías del grupo en relación con este proyecto".
Disputa por la R-3 y la R-5
En el informe anual, ACS revela igualmente que accionistas de la sociedad Alazar Inversiones (propietario de Accesos de Madrid, la concesionaria de la R-3 y la R-5, en fase concursal) han promovido un incidente de nulidad de actuaciones, que fue estimado en diciembre de 2015, por el que ordenan "la retroacción del procedimiento del recurso de anulación a la fase de práctica de la prueba".
Esto se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegara el recurso de anulación contra el laudo que en mayo de 2014 dio la razón a ACS y Sacyr en su disputa con Abertis y Bankia. En febrero se practicó de nuevo parte de la prueba (con dos nuevos testimonios) y ahora queda esperar a si se confirma o se modifica la sentencia.
Por otra parte, Cimic se ha adjudicado la construcción de la segunda fase del tranvía de la ciudad australiana de Gold Coast, un proyecto al que el Gobierno del Estado de Queensland aportará fondos por 420 millones de dólares australianos (unos 283 millones de euros).
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