Como quien oye llover y escudado bajo el recurrente paraguas de que está respaldado por un mandato democrático, el Gobierno de Cataluña señaló ayer que no frenará el despliegue de las futuras estructuras de estado catalanas, aunque el Tribunal Constitucional afirme que parte del articulado legal en el que se sostienen no es constitucional.
Lo confirmó ayer Neus Munté, portavoz del Gobierno catalán, que quiso quitar hierro a que el tribunal hubiera declarado inconstitucionales varios puntos de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2015 (la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas), aprobada por el Gobierno de Artur Mas. De hecho, Munté defendió que la sentencia no afecta al despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, ni tampoco a la Agencia de Protección Social, germen de la futura Seguridad Social catalana.
La línea de la desobediencia
Las afirmaciones de la portavoz del Gobierno catalán abren hueco para el debate sobre si la Generalitat salta la línea de la desobediencia, que Puigdemont defiende que no cruzará. Munté señaló ayer en varias ocasiones que la Generalitat iba a ?tirar para delante? la puesta en marcha de las instituciones clave que necesitaría una hipotética futura república catalana. Para ello, no descartó ?valorar? fórmulas para saltar ?los obstáculos?, que es una práctica muy habitual de la Generalitat y que consiste en aprobar otras leyes distintas para respaldar sus planes.
Según la sentencia del TC, justo aquello que va en contra de la Constitución son las capacidades que se pretenden otorgar a dichos organismos públicos.
Por ejemplo, respecto a la Hacienda catalana, lo que anula el Tribunal es que la ley ?encomiende? a la Generalitat la aprobación de un plan director de la Administración tributaria de Cataluña, que ?constituirá el instrumento de planificación estratégica de una administración tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias?.
Es evidente que el fin que persigue el Govern con su plan de despliegue de la Hacienda catalana es prepararla para asumir nuevas competencias, que es lo que trasmite desde hace meses el equipo de Gobierno de Carles Puigdemont. También Neus Munté insistió en que el Constitucional respetaba la creación de la Agencia de Protección Social, si bien el tribunal señala que su articulado ?sólo? es constitucional si se entiende que esta agencia asumirá competencias ?del estado? de acuerdo con el Estatuto de Cataluña y no más allá.
Además de contra estas dos instituciones claves para la ruptura, el Constitucional ha anulado la creación de una agencia meteorológica propia catalana y la decisión de la Generalitat de prohibir la implantación de grandes establecimientos en los puertos públicos.
También invalida los términos en los que la Ley de acompañamiento impulsaba la elaboración de un ?catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña?, porque invade competencias del Estado.