Un mes de mandato del nuevo Govern y Cataluña ya ha anunciado dos nuevos impuestos. La Generalitat explicó ayer que desplegará un nuevo tributo para gravar los inmuebles que lleven vacíos más de dos años. Este impuesto recaerá sobre personas jurídicas, es decir, que los afectados serán la banca, los grandes tenedores de inmueble y los apartamentos turísticos, pero no los particulares.
A diferencia del impuesto sobre emisiones, que se pondrá en marcha en 2018, éste se estrenará en apenas 15 días, el 1 de marzo. La Administración catalana prevé recaudar 8 millones de euros, que reinvertirán en ampliar el parque público de vivienda con la adquisición de nuevos inmuebles.
En realidad, este impuesto no es nuevo. La Generalitat se ha limitado a desplegar el marco regulatorio necesario para aplicar la ley de vivienda 24/2015, que se aprobó en el Parlament durante la anterior legislatura. El Govern será especialmente incisivo en la aplicación del impuesto en las zonas donde la demanda de vivienda es elevada, como Barcelona, Sabadell o Terrassa. En estas ciudades, en especial en la capital catalana, es donde más ha crecido en los últimos meses el precio del alquiler, situándolo en niveles precrisis.
Precisamente, quién llevó la propuesta de ley a la Cámara catalana fueron entidades sociales como la Plataforma Antidesahucios (PAH), que consiguieron que el Parlament aprobara por unanimidad una de las legislaciones sobre vivienda más modernas del sur de Europa.
La cuantía del impuesto se gravará en la medida que los ingresos de la compañía sean más altos y mayor la superficie de la vivienda que está desocupada. Por lo que tendrán que abonar entre 10 y 30 euros por metro cuadrado, según el tamaño de la compañía y la vivienda.
La ley de vivienda, a fondo
La ley en la que se enmarcará este impuesto ya existía, lo único que ha hecho el Govern es acordar unas bases para desplegarla. Por otra parte, la Administración tanto regional como local, ya tenía la opción de poder castigar a los propietarios de paquetes de vivienda vacía que no justificaran esto.
La Generalitat desplegará la versión más light de la ley. Ya que si se siguiera al pie de la letra la ley, Cataluña podría llegar a negociar con bancos e incluso llegar a expropiar si lo considera necesario.
El texto dice literalmente, "en caso de insuficiencia del parque público, se utilizarán viviendas vacías cedidas obligatoriamente para el alquiler social, con la cesión obligatoria durante tres años de las que hayan estado vacías más de dos años y sean propiedad de entidades financieras".
Gestión de 25.000 pisos
Según la consellera de Governación, Meritxell Borràs, esta ley permitirá ayudar a 70.000 familias. Además de gestionar 25.000 pisos de alquiler social, que arriendan a un precio un 40 por ciento menor al de mercado, Borràs también ha anunciado que dispondrán de 1.630 pisos que provienen de bancos.
En cuanto a inversiones, la Generalitat destinó 85 millones para hacer frente a las emergencias sociales, que aumentaron un 30 por ciento en 2015. Se suman a las ya realizadas, como los 143 millones para rehabilitar barrios.
La Generalitat se suma así a algunas administraciones locales que ya han penalizado con reiteradas multas a la banca, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que impuso a la banca hasta 12 sanciones. Aunque el Consistorio barcelonés sí está en negociaciones con la banca para la cesión de más de 1.400 pisos, como adelantó el Economista, como adelantó elEconomista.
