El Santander ha presupuestado un máximo de 800 millones de costes por litigios en Popular, entidad que se adjudicó el pasado 7 de junio tras su intervención por parte de las autoridades europeas. Aunque el banco ha advertido de que podría tener que hacer frente a una avalancha de demandas por parte de accionistas e inversores de instrumentos híbridos, estima que ésta será la contingencia que podría asumir en los próximos meses, una vez que comiencen los juicios.
Según un informe realizado por Citi, el grupo cántabro ha previsto que estas denuncias le supondrá entre 600 y 800 millones. La entidad para llevar a cabo estos cálculos, parte de la base de que fueron las autoridades comunitarias las que determinaron las quitas del 100% para los accionistas y los tenedores de deuda subordinada y bonos convertibles y de que los inversores institucionales, entre ellos, los miembros del consejo de administración, no podrán recuperar su dinero (entre ellos la Sindicatura y el mexicano Antonio del Valle, que han anunciado iniciativas legales).
400 millones para accionistas
Sobre estas premisas, el Santander considera que podría tener que devolver unos 400 millones a accionistas minoritarios que acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros del Popular materializada en junio de 2016. Esta cifra corresponde a aquellos particulares que mantuvieron sus títulos hasta el momento del rescate. De acuerdo con los datos del banco que preside Ana Botín, indica el informe de Citi, que los minoristas tomaron entre 1.100 y 1.200 millones en acciones en la ampliación de capital del año pasado de la entidad adjudicada, por lo que la eventual devolución podría ascender a unos 800 millones, ya que no todos acudirían a los tribunales. Pero muchos de los accionistas vendieron antes de la intervención, por lo que el coste del resarcimiento se reduciría a la mitad.
En las estimaciones de gastos por litigios el Santander espera unos 200 millones por los bonos subordinadas que colocó a minoristas en la red comercial. El Popular vendió unos 750 millones de euros en estos instrumentos, de los que 350 millones fueron adquiridos por clientes particulares, que recibían una remuneración media anual del 8%.
Cocos, sin devolución
El grupo cántabro, por contra, cree que no va a tener que devolver dinero a los inversores que tenían la deuda convertible (Cocos), por importe de 1.300 millones, ya que éstos eran institucionales y, por lo tanto, conocían los riesgos a la perfección. Algunos de ellos, como Pimco, han anunciado ya que acudirán a los tribunales.
Desde el banco aseguran que ellos no han hecho público ningún impacto sobre posibles indemnizaciones. Además, la entidad tiene previsto poner un mecanismo de compensación para los clientes que acudieron a la ampliación de capital del año pasado y mantuvieron las acciones hasta el día del rescate con el fin de reducir la litigiosidad y mejorar la relación con los usuarios.
El informe de Citi es optimista sobre la aportación que tendrá el Popular en Santander. De hecho, es uno de los bancos de inversión que mejor valoración tiene sobre la operación, por la que la entidad que preside Botín está inmersa en una ampliación de capital de 7.000 millones. Los expertos de Citi indican que el retorno de la inversión alcanzará un 24% frente al 13-14% que preveía la propia entidad en 2020. Algunos analistas habían augurado que esta rentabilidad podría alcanzar aproximadamente el 20%.
Venta de inmuebles con ganancias
El Santander podría obtener ganancias con la venta de la cartera de activos improductivos del Popular. Citi estima que estos beneficios podrían ascender a algo más de 600 millones si se tiene en cuenta las elevadas coberturas de estos activos tras la resolución del banco por el BCE y los descuentos que los inversores exigen por estas carteras. En la actualidad, el grupo cántabro busca socios para deshacerse en el menor tiempo posible de unos 30.000 millones de inmuebles y créditos.