La delicada situación del Popular está provocando que el mercado apunte hacia una posible intervención del banco por parte de las autoridades europeas. ¿En qué consistiría esta medida de producirse? Las nuevas reglas europeas sobre rescates financieros son claras al respecto.
En primer lugar se aplican quitas de hasta el 100% para los inversores de acciones, convertibles, preferentes, deuda subordinada, deuda senior y depósitos de más de 100.000 euros, y hasta el 8% del pasivo, una vez analizado el balance por parte del fondo de resolución nacional, en este caso el Frob. De no ser suficiente el dinero con una recapitalización interna (bail in) se inyectarían ayudas públicas hasta un 5% de dicho pasivo.
En el sector financiero se da por hecho, que de llevarse a cabo este tipo de solución, la intervención no sería tan exigente (de hecho aún no se ha ejecutado en ninguna entidad), sino que sería preventiva, tal y como aprobó este jueves la UE para el italiano Monte dei Paschi di Siena.
La legislación comunitaria, que entró en vigor en enero de 2016, permite que para las entidades con dificultades pero que cumplen con los ratios de solvencia exigidos se puede liberar tanto a depositantes como a los inversores de bonos senior de sufrir algún tipo de pérdidas. Además, es posible que los inversores minoristas de subordinadas puedan ser compensados por el Estado una vez asuman las quitas a través de distintos mecanismos, similares a los arbitrajes de preferentes materializados en nuestros país en Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Caja EspañaDuero o el proceso que se desarrollará en Monte dei Paschi.
305.000 socios
En este escenario más suave, por tanto, las primeras quitas se aplicarían al capital más puro -es decir reservas y acciones-. A cierre de marzo, el banco contaba con 6.099 millones de solvencia de máxima categoría y los títulos eran propiedad de poco más de 305.000 socios tanto nacionales como internacionales. La valoración de los títulos en bolsa, tras el batacazo de los últimos días, apenas sobrepasa los 2.100 millones de euros. Este dinero se evaporaría para los accionistas, entre los que destacan la Sindicatura -próxima al Opus Dei-, que controla un 9,5% de la entidad; el grupo de mexicanos liderado por Antonio del Valle; Allianz; Credit Mutuel; el chileno Luksic; y la Fundación Barrié de la Maza -propietario del antiguo anco Pastor-.
El orden de prelación establecida por la directiva europea indica que los siguientes afectados por una recapitalización interna -limitada o extrema- son los tenedores de obligaciones convertibles y preferentes. El banco tenía emitidos a cierre del primer trimestre unos 1.262 millones en este tipo de productos, la mayor parte correspondientes a las colocaciones de CoCos de 2013 y 2015 con elevadas rentabilidades.
En tercer lugar, los damnificados serán los inversores de deuda subordinada y otra serie de productos híbridos, como obligaciones sin conversión. El Popular tiene computados en capital unos 635 millones en esta partida.
Con todas estas reservas e instrumentos, el banco podría conseguir en torno a 7.200 millones de euros, una cifra que podría ser suficiente para sanear su balance, cargado de 36.000 millones de activos improductivos. Los analistas difieren en las cifras que requiere el Popular. Las cuantía más elevada llega a los 8.000 millones. Con la intervención preventiva no se llegaría al máximo de quitas a aplicar, del 8% del pasivo, establecido por la normativa. El tope ascendería a unos 11.000 millones.
Una vez ejecutados los descuentos, la entidad podría recibir una inyección pública de capital para poder operar en caso de necesidad y, previsiblemente, sería vendida posteriormente a través de una subasta. En la actualidad, sólo la nacionalizada Bankia y Banco Santander han presentado una oferta preliminar no vinculante por el Popular.
De materializarse el rescate temprano, habría más candidatos. Las autoridades cambiaron las reglas para evitar que los contribuyentes pagaran los problemas del sector financiero como en la crisis.
