Las entidades financieras ultiman la comunicación de sus resultados de 2016, mientras esperan que se apruebe el decreto que regulará el sistema extrajudicial para devolver lo indebidamente cobrado por las cláusulas suelo.
El Banco de España, que a principios de este mes solicitó que cada entidad le remitiera información sobre el impacto máximo que podría causar en sus cuentas, no ha dado ninguna instrucción para que las provisiones se recojan en un periodo determinado, pero para tomar la decisión que resulte menos gravosa cada entidad deben conocer el detalle del procedimiento que se pondrá en marcha y que confirme que tendrán varias vías para compensar al cliente y no sólo la devolución en metálico.
Según fuentes del sector, las entidades analizan cuál sería el impacto contable de cada una, ya que varían en cuanto a la necesidad de realizar provisiones o no. Según explican estas fuentes, si entidad y cliente llegan al acuerdo de que para devolver el equivalente a lo cobrado de más reducen el diferencial que se aplica a su hipoteca, el banco no tendría que hacer provisiones, mientras que si se pacta una reducción del capital pendiente de amortizar sí tendrían que hacerlo.
La casuística sobre los modos de resarcir al cliente es muy amplía y en función de si se sigue un camino u otro y en qué proporción también varía el impacto en provisiones de la entidad.
La decisión no es sencilla, porque cada solución tiene impacto en las cuentas, bien en el presente o en el futuro. Si se opta por un arreglo sin impacto en dotaciones, como el de rebajar el diferencial, sí lo tendrá en los ingresos futuros de la entidad, que se verán minorados.
Lo que se espera es que cada entidad recurra a varias alternativas de acuerdo y el peso final de cada solución será el que determine las necesidades de provisiones. Algunas de ellas, el mismo día que se supo la resolución del tribunal europeo que establecía la retroactividad total para las cláusulas suelo abusivas, comunicaron su intención de recoger el impacto en 2016. Así, se espera que BBVA y Popular recojan el efecto total en las cuentas del pasado año, aunque no serán las únicas. Mientras, otras valorarán el impacto del riesgo y reconocerán parte. Otras, por último, estudian si las provisiones ya constituidas son suficientes para cubrir las necesidades, teniendo en cuenta que aún no se sabe el impacto real. El Banco de España ha calculado que el máximo rondaría los 4.000 millones de euros.
Aprobación inminente
Tras dos retrasos, la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, confía en que este viernes, tal y como manifestó ayer, ya se haya alcanzado el consenso que se busca con otras fuerzas políticas, y se apruebe el procedimiento, que será rápido y barato para el cliente y obligatorio para la banca.