"Existen ciertos indicios de criminalidad, pero también incertidumbres". Este fue el argumento que utilizó ayer la Fiscalía Anticorrupción ante el juez Fernando Andreu para rechazar la imposición de una fianza a Bankia y al resto de imputados por la fusión y salida a bolsa de la entidad.
En una vista celebrada ayer en la Audiencia Nacional, un grupo de algo más de 2.000 accionistas afectados por la operación reclamaron una fianza civil solidaria de 4.112 millones de euros a la treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, al propio grupo bancario y a su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Estos inversores invocaron el perjuicio de 3.092 millones que supuso la salida al parqué de la entidad el 20 de junio de 2011, más el tercio adicional previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Garantías de indemnización
A la espera de lo que decida el juez, tanto la Fiscalía como el Frob -principal accionista- se oponen a la fijación de la fianza al pensar que podría afectar al precio del título y perjudicar aún más a los inversores.
"La contabilidad no es una ciencia y lo prudente para adoptar esta medida sería al término de la instrucción. La indemnización estará así más garantizada que si impone ahora una fianza", aseguró el fiscal Alejandro Luzón.
En ese sentido, diferenció el denominado caso Bankia de la pieza separada sobre las tarjetas opacas al fisco, donde no están acusadas personas jurídicas y el daño puede ser cuantificado con mayor facilidad.
Al menos cinco acusaciones particulares se han adherido a la petición multimillonaria de UPyD -que fue rechazada ya por el juez por su condición de acusación popular- y de forma subsidiaria cada uno de ellos ha reclamado la cuantía en la que consideran que sus clientes son perjudicados. Los doce letrados representantes de los pequeños inversores han exigido así fianzas que suman un total de 34,1 millones de euros, aunque alguno no ha cifrado el daño exacto.
A su entender, existen indicios de delito teniendo en cuenta las conclusiones del informe de los peritos cedidos por el Banco de España en el que se acusaba al expresidente Rodrigo Rato de maquillar sus cuentas para salir a bolsa o el auto de Andreu que sí señalaba fianzas en la pieza sobre las tarjetas black.
Frente a ello, tanto la Fiscalía como el Frob y los abogados de la defensa criticaron duramente el informe de los peritos del Banco de España, alegando que está lleno de deficiencias e incoherencias.
Los representantes legales de Bankia cuestionaron que ambos fueran expertos en salidas a bolsa, sosteniendo incluso que no era un informe pericial en sentido estricto.
Para el BFA, esos peritos estuvieron aislados en una "burbuja" y no tuvieron en cuenta aspectos macroeconómicos o la evolución de otras entidades, por lo que su estudio adolecía de " inconsistencias" y un "sesgo retrospectivo".
Guindos limita las indemnizaciones a inversores
