Las principales autoridades europeas comienzan a pasar de la teoría a la práctica para aliviar las cargas a la banca. El objetivo es reforzar las entidades financieras para que ayuden mejor con los grandes desafíos inversores del Viejo Continente y fortificar su competitividad frente a los colosos globales de Estados Unidos y China. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y hasta el Banco de España han armado equipos especializados para trabajar en una simplificación normativa.
En sus primeros análisis han mantenido una primera discusión sobre 122 regulaciones susceptibles de ser "despriorizadas" y han perimetrado grandes ámbitos de actuación para homologar prácticas y demandas de información buscando eliminar complejidades y sobrecargas que acaban minando la competitividad del sector con facturas extras, explican fuentes financieras.
Entre esos grandes campos figura el marco prudencial y de solvencia, la normativa para encarar con mayor resiliencia los riesgos ciber y los desafíos de la sostenibilidad, transformación digital o la operativa en mercados. El sector financiero nacional ultima un documento con su visión y propuestas que trasladará a las autoridades nacionales, al igual que harán los sistemas gemelos de otros países. La siguiente etapa será consensuar una propuesta sectorial a escala europea para la ulterior interlocución con las autoridades.
Línea roja: no desregular
La línea roja marcada por supervisores que el sector financiero entiende es que no habrá desregulación como sí está haciendo la administración de Donald Trump en Estados Unidos, pero se ha tomado conciencia de la necesidad de revisar reglas y procesos para evitar solapamientos y redundancias que, a menudo, entran además en conflicto unas con otras.
El gran foco estará, especialmente, en las llamadas regulaciones de nivel II y III y que son los desarrollos normativos que siguen a las leyes iniciales (nivel I). Son capas que añaden autoridades como la EBA, supervisores nacionales y el regulador de cada país para la aplicación práctica de la ley inicial.
La necesidad de actuar ya estaba en la agenda de la Comisión Europea como refleja la aprobación del paquete Ómnibus, y ha quedado claro en el diagnóstico de los Informes Draghi y Letta, aunque el nuevo escenario geopolítico lo convierte en urgencia. El desafío al orden mundial por parte de la administración Trump ha colocado entre las prioridades de Europa objetivos que antes ni estaban como el rearme militar, y resulta clave contar con una banca fortalecida para acometer las ingentes inversiones que se precisan.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de la carga normativa bajo el nuevo escenario es el marco de capital Basilea III fijado a escala internacional por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o también llamado "supervisor de los supervisores" porque sus medidas persiguen que la banca mundial juegue con idénticas reglas de solvencia. Se trata del eje nuclear de la normativa bancaria, si bien cada jurisdicción la incorpora a su ordenamiento jurídico a diferentes ritmos y, a menudo, con desarrollos singulares.
El desafío de Donald Trump
Reino Unido ya ha retrasado a 2027 su implementación y EEUU puede que ni siquiera llegue a implementarla de manera efectiva, mientras que en Europa se apresuran los trabajos. Basilea III da 140 mandatos (RTs, en el argot financiero) a la EBA para su desarrollo y solo uno de ellos, que se ha parado, aumentaba la exigencia de capital a la banca en nada menos que 120 puntos básicos, según ha denunciado la industria. "Si, por ejemplo, cada RTs tiene de impacto de media 60 puntos básicos y hay 140, podemos hacernos a la idea de las consecuencias que tendrá", indican. Las 122 normas que podrían "despriorizarse" caen dentro de este ámbito de normas de desarrollo: son RTs, "implementing acts", ect.
Los requerimientos en banca han sido ascendentes desde siempre y entraron en una absoluta espiral regulatoria a raíz de la crisis financiera de 2008. El colapso de múltiples entidades, que tuvieron que ser socorridas por los erarios públicos, pusieron en guardia a las autoridades y, para evitar una repetición de los problemas, se multiplicaron los deberes a todos los niveles.
Se ha más que duplicado la exigencia de solvencia y se ha erigido un enjambre de autoridades que elaboran reglas e imponen reportes de información para poder ejercer su función, sin estandarizarse o coordinarse con las restantes. Hoy hay 22 autoridades europeas y serán 23 cuando se ponga en marcha la AMLA para prevenir el blanqueo de capitales, además de las múltiples nacionales.
Frente a esta situación, el sector clama por "reequilibrar" los niveles de regulación, volver a una legislación de principios, limitando los desarrollos normativos, establecer una supervisión "más equilibrada" y evitar la tentación de fijar condiciones "nacionales" extras cuando se traspone una directiva al país.
Bruselas fija 1,3 normas al día y EEUU elimina reglas
La crisis financiera de 2008 incubó una burbuja regulatoria para la banca que ha pasado una factura dispar en las diferentes geografías. Bajo el lógico objetivo de evitar nuevos desplomes de entidades financieras, por la asunción de elevados riesgos, se han acuñado requisitos superiores de solvencia y supervisión para construir un sistema financiero más resiliente.
La exigencia mínima de capital de máxima calidad CET1 ha pasado desde el 7% de 2015 al 11,1% en 2024 y las entidades acumulan huchas muy superiores por razones de prudencia y ante las expectativas también de los mercados -en la banca española acabó en el 13,29%-.
El sector denuncia, sin embargo, que el esfuerzo y los requerimientos son dispares por geografías lastrando la competitividad de las entidades europeas. Mientras que entre 2019 y 2024 EEUU aprobó 5.000 normas para el sector, Bruselas dictó 13.000, el doble y a un ritmo medio de 1,3 cada día laborable. Y en el momento actual, EEUU ha, incluso, cambiado el paso: en un solo día la Administración de Trump ha abolido 78 regulaciones.
Algunas de las últimas reglamentaciones han añadido, además, un estrés exponencial: el sector cifra en1.460 los indicadores que tiene ahora que reportar solo para el "Green Asset Ratio" o GAR, un ratio con el que las autoridades quieren medir cómo de verde o marrón es su balance y que se ha demostrado ser poco útil. Solo para cumplir con este requisito, los informes anuales han pasado, en algunos grandes bancos, de 150 páginas a más de 800. Otro foco de queja es la intensidad supervisoras, que ha incrementado según sus cálculos un 33% el coste de cumplimiento.
Entre otras preocupaciones de la industria figuran asimismo las titulizaciones, que en Europa continúan limitadas y han despegado en EEUU. Son claves para que las entidades fondeen los recursos que precisan para prestar a las economías y para optimizar la gestión de sus balances.