La pasada semana se han sentado en el banquillo de los acusados los dueños de la constructora y promotora inmobiliaria malagueña Grupo Mirador, Enrique y Leopoldo Faura, por un delito de fraude a la Seguridad Social y otro de insolvencia punible por no hacer frente al pago de cuotas y ocultar bienes y patrimonio aparentando una situación de insolvencia. Mal asunto que dos empresarios -otros dos más-, encargados de generar riqueza y empleo, desfilen por los juzgados.
Y aún peor que la Fiscalía encuentre indicios de delitos. El representante público pide una pena de seis años y medio de cárcel y multa de cuatro millones de euros para cada uno, así como el pago de una indemnización de 2,4 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Se les acusa de desarrollar una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social y nulo o muy escaso cumplimiento de la normativa mercantil en el funcionamiento de algunas de sus sociedades. Según el fiscal, los dos hermanos utilizaban distintos ardiles para evitar que la Seguridad Social se cobrase la deuda contraída con ella.
Faura es un empresario listo, que ha acumulado fortuna y deudas al mismo tiempo. Exconcejal del GIPMTM (Grupo Independiente pro municipio de Torre del Mar) y excuñado del actual alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, del PP, tiene abiertos otros frentes judiciales por apropiación indebida.
Él y su hermano no son los únicos empresarios con problemas. Por el caso Malaya, la trama de corrupción urbanística en Marbella, están procesados 31 empresarios por pagar sobornos a cambio de favores urbanísticos.
Entre ellos se encuentran José Ávila Rojas, Jesús Ruiz Casado, Rafael Gómez, alias Sandokán, o José María González de Caldas, expresidente del Sevilla FC. Sin embargo, este juicio -ya se han celebrado casi un centenar de sesiones desde que se inició en septiembre del pasado año- es completamente diferente al del grupo Mirador. Es harina de otro costal.