Ya era hora de que el Gobierno cumpliera la Ley de Morosidad puesta en marcha hace un año y que incluía la creación de líneas de apoyo a ciudadanos hipotecados, pymes y emprendedores. De momento, la medida aliviará la economía de muchas empresas de menos de 250 empleados en plantilla. Tan sólo tenemos que recordar que la morosidad de las administraciones públicas con autónomos se eleva a unos 13.300 millones de euros.
Vengo denunciando de manera sistemática desde esta tribuna las deudas municipales y de las comunidades autónomas con los empresarios y autónomos. Por ello, me satisface enormemente las medidas sociales aprobadas por el Consejo de Ministros que faculta al ICO para crear una nueva línea de préstamos a las entidades locales que permitirá el pago de facturas pendientes con pymes y autónomos a 30 de abril del año en curso.
No obstante, me parece que se ha quedado corto el Gobierno al aprobar una dotación de 3.400 millones de euros a cargo de la Hacienda Pública. En la actualidad, el 60 por ciento de los autónomos padecen problemas del impago y el cierre de microempresas por morosidad de los ayuntamientos se eleva a 250.000. Una auténtica barbaridad.
Invito a los políticos a reflexionar más sobre esta cuestión y aprobar medidas como las que ahora ha llevado a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Me parece lamentable que algunos vean estas medidas de electoralistas. Parafraseando el dilema shakesperiano, pueden ser o no ser electorales, pero evitarán nuevos cierres empresariales.
En esta ocasión, coincido con el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de penalizar a los ayuntamientos si no devuelven el préstamo al ICO. Según Rubalcaba, que será el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, el Estado recortará las transferencias a aquellos ayuntamientos que no paguen sus deudas. Algunas entidades locales llevan más de 1.000 días sin abonar las facturas a sus proveedores, provocando una situación insostenible en muchas microempresas.
También quiero destacar el apoyo a los emprendedores. El vicepresidente del Gobierno anunció que se declararán exentas fiscalmente las plusvalías obtenidas por las inversiones en proyectos empresariales de emprendedores. La exención se aplicará a las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de acciones o participaciones valoradas en menos de 25.000 euros anuales. Todo un acierto.
Famadesa: crecer en tiempos de crisis
