Servinabar 2000, la empresa controlada por Santos Cerdán y Antxon Alonso, que ha logrado en los últimos años casi 100 millones de euros en contratos de obra pública, -la mayoría de la mano de Acciona, ingresando alrededor de un 10% del total- logró las adjudicaciones sin tener apenas actividad ni empleados.
Según la investigación llevada a cabo por la UCO, la empresa se constituyó en 2015 y tan solo dos meses después logró ya un primer contrato junto con la constructora de los Entrecanales para la construcción de una mina de potasa en Navarra, un proyecto que está actualmente paralizado. No tenía empleados ni actividad alguna aún, pero fue el nexo de unión entre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Koldo García, con el fundador y entonces accionista único de la compañía, Antxon Alonso.
En 2017, también de la mano de Acciona, Servinabar 2000 se adjudicó otro contrato de 3,78 millones de euros para unas obras del pabellón multiusos Navarra Arena. En aquel momento, su actividad seguía siendo prácticamente nula. El año anterior había facturado apenas 130.000 euros, tenía solo un trabajador y contaba con un patrimonio de poco más de 26.500 euros. Pero Santos Cerdán acababa de llegar a un acuerdo con Antxon Alonso por el que éste le traspaso el 45% de la sociedad. Un traspaso que Cerdán ocultó además en su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados.
Servinabar 2000 no pararía de crecer a partir de entonces, logrando contratos, como la construcción de 62 viviendas de VPO en Ripagaina en 2018 por 6,8 millones de euros o de otras 46 protegidas en régimen de alquiler en Pamplona en 2023 por 8,3 millones. El gran salto se produjo, sin embargo, en diciembre de ese año, cuando junto con Acciona se adjudicó las obras del túnel de Belate, ahora bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones, por casi 76 millones. Servinabar 2000 no presenta cuentas en el Registro desde 2021, un año en el que facturó un millón de euros y tuvo un beneficio después de impuestos de 111.512 euros.
La obra de Belate
La obra del túnel de Belate –considerada por el Ejecutivo navarro como uno de los proyectos más importantes de los últimos años– se adjudicó a Servinabar pese a la negativa de gran parte de la mesa de contratación, tal y como adelantó este periódico.
De acuerdo con las actas del contrato, el vocal secretario, Lorenzo Serena Puig, junto con el vocal interventor, Jesús Muñoz Apesteguía, y otros miembros de la mesa, alertaron por aquel entonces de algunas irregularidades que se estaban produciendo para adjudicar la obra como, por ejemplo, que no entendían las "las razones que justifican las puntuaciones", o que la votación no "expresaba las ventajas de unas ofertas frente a otras".
Sin justificación
Los vocales alertaron de que la puntuación que habría recibido Servinabar 2000 en UTE con Acciona podría "entenderse arbitraria" y "sin justificación alguna", y que el proceso se estaba llevando a cabo a través de correos electrónicos, sin contar con ninguna reunión presencial. Algo que debería ser habitual en una adjudicación de tal cuantía económica, pese a que el presidente de la mesa de contratación se negó: "No es necesaria una reunión presencial. Las posturas son claras y no va a cambiar nada", recoge la documentación.
La Cámara de Comptos de Navarra también alertó de irregularidades que se estaban produciendo en la contratación pública del Gobierno de Navarra que preside la socialista María Chivite. El organismo supervisor aseguró en un informe el pasado mes de noviembre que el Ejecutivo ocultó información sobre la obra pública entre 2019 y 2023 en la plataforma de contratación autonómica y que eso provocó "limitaciones en la trazabilidad de los expedientes de contratación".
El Gobierno navarro se ha visto salpicado ahora tras el informe de la Guardia Civil –donde se detalla que muchas de las obras que se vinculan con supuestas mordidas a Cerdán fueron en esta autonomía–, provocando ya la dimisión del vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, por ocultar que su pareja había trabajado en la empresa Servinabar.