En todo el proceso de desaparición de ETA, que está siendo políticamente complejo en Euskadi -aunque desde Madrid se vez, quizá, con mayor y mejor perspectiva-, hay dos evidencias hoy por hoy claras e incuestionables, que deberían servir para iluminar todo el rastrojo que hay alrededor.
Una de ellas es que ETA ha dejado su actividad terrorista, en parte porque estaba policialmente acabada y en parte porque ha terminado imponiéndose el discurso en este sentido de la izquierda abertzale. La otra es que el consenso democrático ha evolucionado hasta sostener el criterio actual, que consiste en la aplicación estricta de la ley vigente, sin la menor concesión, a los terroristas. Al menos, hasta que ETA se haya disuelto formal y verificablemente.
Esta estrategia ha dado frutos. Primeramente, se ha afirmado el final material del terrorismo, sin fisuras: los restos de ETA en libertad no tienen entidad para reconstituir la acción violenta, y por ello no se planea tal eventualidad. Y en segundo lugar, los propios activistas de ETA, presionados por la izquierda abertzale y por la realidad circundante, están avanzando a ojos vista hacia la aceptación de la legalidad, el reconocimiento del daño y la petición de perdón a las víctimas.
Un perdón sin expresión colectiva
Este último paso ?la petición de perdón- va avanzando individualmente pero todavía no tiene una expresión colectiva.
Por todo lo anterior, ha causado sorpresa la acción policial reciente, en la que se ha detenido a Aranza Zulueta y a otros abogados por entorpecer supuestamente la evolución de los presos hacia la claudicación.
Zulueta fue, como es bien conocido, una de las rémoras que forzaron durante años la resistencia de los presos a claudicar. Y por ello no disfruta de las simpatías del propio colectivo (salvo de los más duros e irreductibles). Pero es incuestionable que Zulueta, en libertad condicional, ha cambiado de posición y ha desempeñado un papel activo en la emisión del último comunicado, en que los presos aceptan por fin ?en su retórica repugnante, bien es verdad- que han sido derrotados y que no tienen más remedio que acogerse a la legalidad constitucional.
También Zulueta estuvo presente en Durango, cuando los presos en libertad por la revocación de la doctrina Parot secundaron las tesis del comunicado. Así las cosas, se entiende mal esta detención tardía, que el Gobierno vasco, por ejemplo, ha criticado por esta razón: no es procíclica con el proceso de desmantelamiento de ETA sino al contrario.
Fenández Díaz, quien no está a la altura de la responsabilidad que le ha tocado en suerte -el último error de comunicación no ha sido ni tolerable ni inocente-, debería, en fin, explicar mejor estas acciones terminales, que a veces parecen organizadas para consumo interno del ala radical del PP, que mantiene el discurso absurdo de que ETA estaría ganando esta guerra.
ETA ya no está ni se la espera, y aunque resulta del todo prudente tomar medidas para evitar que conspicuos criminales ocupen cargos institucionales -municipales o autonómicos, por ejemplo-, no tiene sentido mantener la tesis de que el Gobierno tiene que demostrar cada día su beligerancia contra los asesinos y sus cómplices.
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