Terrorismo

El Gobierno se acuerda de las víctimas de ETA y modifica los PGE

Jorge Fernández Díaz, Mari Mar Blanco, Ángeles Pedraza y Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

Hace poco más de un mes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió su sentencia sobre la doctrina Parot y derogó la misma. El malestar y el descontento se instaló entre las víctimas del terrorismo que han criticado activamente la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, 'in extremis', el Ejecutivo ha incluido tres modificaciones en los Planes Generales del Estado en un intento de suavizar los efectos de las excarcelaciones de etarras. Además, Rajoy quiere "evitar" los homenajes a etarras excarcelados.

En primer lugar, se va a cambiar el artículo 52 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral que ampara las condecoraciones entregadas a las víctimas del terrorismo para introducir una nueva acción honorífica: una condecoración con el grado de Insignia que se sumará a la Gran Cruz -que se otorga, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas- y a la Encomienda -reservada a heridos y secuestrados-.

Completada así la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, según publica El Mundo, la nueva medalla se concederá "a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge o persona ligada al fallecido por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos de los fallecidos, así como los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad".

El Gobierno intenta así llenar un vacío ya que la ley no recogía una condecoración específica para los familiares.

Efecto práctico

Frente a esta medida simbólica, la segunda es de efecto más práctico. Los etarras excarcelados podrán acceder al subsidio de desempleo con una condición: deben acreditar, mediante certificación de la Administración penitenciaria, que han formulado una petición expresa de perdón a las víctimas, además de reunir las condiciones establecidas por la Seguridad Social.

Por último, modificarán la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas para, a través de Hacienda y por vía de apremio, se puedan embargar los bienes, herencias o donaciones cuya titularidad corresponda a los excarcelados, para que satisfagan su responsabilidad civil con las víctimas, cuyas indemnizaciones han sido adelantadas por el Estado.

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