El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero de 2008 que declara la nulidad de ayudas a asociaciones de consumidores por valor de 1,3 millones de euros para la defensa de afectados por la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa. Según dicha resolución judicial, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo anula estas ayudas concedidas por el Consejo de Ministros a las asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para apoyar a los afectados por la intervención de Forum Filatélico y Afinsa, al considerar que constituyen subvenciones a gastos procesales.
Según dicha resolución judicial, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo anula estas ayudas concedidas por el Consejo de Ministros a las asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para apoyar a los afectados por la intervención de Forum Filatélico y Afinsa, al considerar que constituyen subvenciones a gastos procesales.
Dicha sentencia responde a un recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), contra el Real Decreto 613/2006, de 19 de mayo, de concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados por la situación de Forum y Afinsa.
Sin embargo, la sentencia no anula otras ayudas contempladas en el decreto, por valor de 700.000 euros. Dicha cuantía, entiende la resolución, está destinada a la financiación de los gastos de asesoramiento a los afectados y no incurre en ninguna de las ilegalidades denunciadas por Ausbanc.
El tribunal entiende que nada se opone en el ordenamiento jurídico, ni nada se alega en este sentido en el proceso, para que las asociaciones de consumidores y usuarios perciban subvenciones con esa finalidad de asesoramiento.
El real decreto establecía dos tipos de ayudas. La primera, destinar 700.000 euros para atender a los afectados que se dirigieran a las asociaciones y, la segunda, distribuir hasta un importe máximo de 1,3 millones de euros en función del número de afectados sobre los que las organizaciones asumieron su representación y defensa judicial.
