El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha constatado que las obras que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011 en la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova de Madrid podrían ser constitutivas de un delito de fraude fiscal y otros de falsedad documental y contable.
Así consta en un auto en el que el juez cita a declarar como imputados el próximo 7 de julio a la socia y tres antiguos trabajadores de la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos. Al día siguiente declararán como testigos el exjefe de Seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente; el cajero de la formación Luis Molero; y otros dos empleados.
El magistrado ha tomado esta decisión después de que un informe de la Agencia Tributaria apuntara que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podrían corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B como salidas para el director gerente de Unifica, Gonzalo Urquijo.
Así, la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, confirma en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el Partido Popular (PP) pagó con dinero negro una parte de la reforma que realizó en su sede de la calle Génova de Madrid entre los años 2005 y 2011.
Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llegan a esta conclusión en un informe en el que constatan que la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos, expidió dos certificaciones finales distintas para las obras que se realizaron en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edificio. El arquitecto guardaba dinero de Bárcenas.
El informe, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B. Así, la documentación incautada en septiembre pasado en la sede de Unifica pone de relieve un descuadre de 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, de 274.880,35 en las de la quinta, de 256.426,33 en las de la tercera y de 217.879,75 en las del cuarto piso.
Estas cantidades son similares a las salidas que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B, que reflejaba pagos en negro por valor de 888.000 euros para el director gerente de Unifica, Gonzalo Urquijo, imputado por fraude fiscal y falsedad documental y contable y que aparecía en los papeles con las anotaciones de 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitecto)' y 'G.U.'.
A lo largo del año 2008 Bárcenas anotó cuatro supuestos pagos en negro que habrían tenido a Urquijo como destinatario: 195.000 euros el 28 de enero, 258.000 el 13 de marzo, 235.000 el 31 de julio y 200.000 euros en diciembre. La diferencia entre estos montantes y el descuadre en las certificaciones de obra podría corresponder, según la ONIF, a que, tal y como declaró Bárcenas, "se pudo aplicar un descuento del 8-10 por ciento sobre estas cantidades no facturadas", es decir, abonadas en B.
Sin embargo, los técnicos de la ONIF únicamente realizan una propuesta de regularización fiscal para las dos últimas certificaciones, que se llevaron a cabo en el año 2008, ya que el delito fiscal imputable a las obras de las plantas segunda y quinta se computó en 2007, por lo que habría prescrito.
"Teniendo en cuenta la supuesta vinculación entre las cantidades no facturadas por la ejecución de las plantas 3ª y 4ª (diferencias entre certificaciones identificadas anteriormente) y las anotaciones de los papeles de Bárcenas, cuyos pagos pueden imputarse como ingresos aplicables a la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2008, consideramos que debería incluirse en el resultado contable y por ende, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 2008", señala el informe.
Para hacer esta regularización la ONIF propone computar las "diferencias entre las certificaciones" o bien "la cantidad anotada en los denominados 'papeles de Bárcenas', siempre que quede acreditado que hay una vinculación directa entre estas anotaciones y el pago de las diferencias de las certificaciones".
El juez ya lo había confirmado