Los centros sanitarios privados y las mutuas de accidentes de trabajo llevan semanas enfrentadas por un asunto de competencias profesionales. Y todo por la nueva regulación de estas últimas que prepara el Gobierno y cuyo anteproyecto ha encontrado más escollos de los esperados por el Ejecutivo para su aprobación.
En este anteproyecto se recoge la posibilidad de que las mutuas comiencen a colaborar con la Sanidad Pública asumiendo pruebas o tratamientos médicos, algo a lo que se oponen frontalmente las clínicas privadas.
"Sería algo gravemente lesivo", aseguran desde la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la patronal del sector, que representa a más de 450 centros sanitarios en toda España. Si se aprueba esta situación, los centros sanitarios aseguran que se consolidaría una práctica que ya habían denunciado anteriormente a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y a la propia Secretaría de Estado de la Seguridad Social: la contratación de los medios de las mutuas para descongestionar la Sanidad pública. "Cabe recordar que estos medios, en teoría, están destinados única y exclusivamente a cubrir necesidades de quienes abonan las cuotas, que son los empresarios adheridos a cada mutua", afirman desde la patronal sanitaria.
Las clínicas privadas tampoco aceptarían que la nueva regulación permitiera a las mutuas asumir pruebas o tratamiento a través de la vía de los concursos públicos, aunque sea en concurrencia con otros centros sanitarios privados. "Éste concurso no sería en condiciones de igualdad, por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando, las mutuas", apuntan desde la FNCP.
Ventajas legales
Además, el referido Anteproyecto de reforma de la normativa de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales prevé que estas entidades puedan contratar asistencia con entidades aseguradoras privadas, lo que supondría introducir más de 400 centros sanitarios en el mercado de la provisión sanitaria privada.
Esta situación daría una situación de preferencia a las mutuas, según las clínicas, ya que estos centros "están en su mayoría amortizados vía cuotas y dadas sus ventajas legales, la libre competencia entre los centros sanitarios privados resultaría muy perjudicada, ya que ninguna clínica podría igualar las condiciones de las que parten las mutuas", asegura la patronal de clínicas.
El Gobierno justifica la nueva regulación, según los centros sanitarios, por los recursos excedentarios de las mutuas. "Recursos que tienen su origen -aseguran- en el desproporcionado crecimiento que han experimentado en los últimos años las mutuas, en una fuerte competencia por la captación de empresas adheridas y como consecuencia de la deficiente regulación de la distribución de los excedentes que se han ido generando".
La FNCP considera que las mutuas son un eficaz medio de gestión de prestaciones de la Seguridad Social, pero no se pueden convertir "en una prolongación de la Sanidad pública", según denuncian.
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