Sociedad

Seis hospitales andaluces amenazan con cerrar y echar a 2.000 empleados

La crisis sigue amenazando a las instituciones sanitarias

El grupo sanitario Pascual y Pascual, que gestiona seis hospitales concertados en Andalucía, ha amenazado con cerrar todos sus centros y dejar en la calle a 2.000 trabajadores si no llega a un acuerdo para la renovación de su contrato con la Junta andaluza. Según la compañía, el Ejecutivo regional pretende recortar hasta un 17 por ciento el importe del concierto para el año 2014, que se uniría a otra bajada del 16 por ciento sufrida el pasado año.

La Consejería de Sanidad andaluza sostiene por su parte que la reducción propuesta es solamente del 2,3 por ciento para este año, la misma que ya han asumido el resto de centros concertados.

Andalucía es la tercera comunidad autónoma que destina más dinero a la partida de conciertos sanitarios con hospitales, superando los 515 millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 5,1 por ciento de sus presupuestos destinados a sanidad, según el informe Idis de la sanidad privada. Estos conciertos singulares, como el de los hospitales Pascual en Andalucía, son acuerdos mediante los cuales se establece la vinculación al sistema sanitario público de hospitales privados, a los que se asigna una población a atender.

Derivaciones de la pública

En concreto, los hospitales del grupo Pascual están situados en la provincia de Cádiz (Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín, Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda, Santa María de El Puerto de El Puerto de Santa María y el Hospital de San Rafael), Huelva (Hospital Blanca Paloma) y Málaga (Hospital Doctor Pascual). En estos centros, según el acuedo firmado hasta ahora con la Junta de Andalucía, ocho de cada diez pacientes atendidos son derivados por la sanidad pública andaluza.

El último acuerdo entre Junta y empresa, vigente desde 2011, finalizó el 31 de enero. A partir de esa fecha, la Consejería de Sanidad decretó una prórroga de dos meses en el concierto amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público mientras se negocian las nuevas condiciones. Por tanto, a finales de marzo finaliza el contrato temporal y debería entrar en vigor el nuevo.

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