La ministra de Sanidad, Ana Mato, removió el avispero del copago sanitario y ahora los aguijonazos más fuertes le están viniendo desde sus propias filas. El último picotazo se lo dio ayer el Consejo de Estado, a cuenta del Real Decreto que implantará un nuevo copago en el transporte sanitario no urgente.
El órgano consultivo presidido por el exministro de Sanidad y extesorero del Partido Popular, José Manuel Romay Beccaría, considera que el Ministerio debería volver a evaluar la medida, ya que el ahorro previsto de 70 millones de euros puede verse "frustrado" por el coste que supondrá la gestión del sistema de cobro.
El informe del Consejo insta además a analizar el impacto de las cargas que supondrá para el ciudadano y precisar los criterios de gestión y racionalización del nuevo copago que deberán aplicar las comunidades autónomas.
El nuevo copago que gravará el transporte no urgente en ambulancia dentro de los servicios incluidos en la cartera común suplementaria que están sometidos a aportación de los usuarios fue informado en diciembre de 2012 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y obligará a los pacientes a pagar el 10 por ciento de un servicio que tendrá un coste único por trayecto de 50 euros, con un límite mensual de 10, 20 y 60 euros en función de la renta, que se reduciría a 6 y 12 euros en el caso de los pacientes que reciban tratamientos de larga duración.
El dilema del copago hospitalario
El otro frente abierto de Mato sigue siendo el copago hospitalario. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dejará sin efecto la polémica Resolución que obliga a implantar un copago a los pacientes ambulatorios de los hospitales por retirar su medicación al anunciar el jueves que la Junta asumirá el importe que deberían costear los ciudadanos. "No voy a pedir a ningún ciudadano con una enfermedad grave que ayude al pago, aunque sea con cuatro euros como máximo", aseguró la secretaria general del PP.
En la misma línea se pronunció Extremadura, que "compensará" también a los pacientes por el pago. Otras comunidades como Castilla y León o Andalucía han recurrido a los tribunales para paralizar la medida o han amagado con ello, caso de Canarias y Asturias. El resto de autonomías, como la Comunidad Valenciana, Madrid o La Rioja, se escudaron en "dificultades técnicas" para retrasar primero su aplicación prevista para enero, para rebelarse después contra una medida que, como recuerda Sanidad, acordaron las propias regiones.
Entidades
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