El peso del recorte del gasto público se seguirá cargando sobre los hombros de la sanidad. El Gobierno prevé que el gasto de las Administraciones Públicas en salud caiga hasta el 5,8 por ciento del Producto Interior Bruto en 2014, dos décimas menos que este año, según el plan presupuestario remitido a Bruselas para 2014 y 2015.
Esta nueva bajada dejará esta partida en niveles de 2006 y muy lejos de 2009, cuando el gasto sanitario público absorbió el 6,95 por ciento de la riqueza del país. Desde entonces, el esfuerzo público en este capítulo que gestionan y financian las comunidades autónomas se ha deshinchado hasta perder más de 11.000 millones de euros, si se cumplen los planes del Ejecutivo para 2014.
España se aleja así del dinero público dedicado a sanidad por otros países europeos, como Holanda y Dinamarca, por encima del 8,8 por ciento del PIB, o de Francia y Alemania, con un 8,66 por ciento y 8,43 por ciento, respectivamente, en 2011, últimas cifras comparadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El recorte autonómico
El Gobierno profundizará en esta tendencia, ya que de los 8.000 millones de euros que las comunidades autónomas deberán ajustar sus cuentas entre 2014 y 2015, por la vía de gastos o de ingresos, 464 millones corresponderán a recortes en medicamentos, de los que sólo 55 millones de euros procederán de las compras centralizadas de fármacos hospitalarios que el Gobierno está impulsando.
Junto con la partida de personal, que seguirá sufriendo los efectos de la congelación de la oferta de empleo público y no reposición de efectivos, además del incremento de la jornada laboral entre otros recortes, el capítulo de medicamentos es el que soporta la mayor corrección del gasto. En total, las comunidades autónomas deberán recortar 1.214 millones de euros en farmacia entre 2013 y 2015, que se suman al ahorro de 735,5 millones contabilizado por el Gobierno en 2012.
El sector sanitario se verá además afectado por el impacto global en el gasto autonómico de las rebajas en conciertos o prestación de servicios y suministros por valor de 1.072 millones de euros.
Otras medidas pendientes de acometer por las regiones incluidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en el plan presentado a Bruselas son la regulación de la cartera común básica de servicios asistenciales, que está aprobada ya para los grupos de cribados, que incluirá un nuevo catálogo de implantes quirúrgicos para final de año.
Además, está prevista una nueva cartera de productos dietéticos y ortoprotésicos, que estarán sometidos a aportación del paciente, así como la introducción de un nuevo copago en el transporte sanitario no urgente que todavía no se ha aplicado, a pesar de estar acordado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades desde el pasado mes de febrero.
Falta también por cifrar el impacto económico que tendrán medidas en marcha como la tarjeta sanitaria única, el nuevo modelo sociosanitario, la reforma de la dependencia, las compras centralizadas o la nueva orden de precios de referencia. La revisión de productos sometidos al Impuesto sobre el Valor Agregado o reducido, que afecta a los productos sanitarios, se pospone a una reunión que se celebrará en febrero del próximo año, según el documento presentado por el Ejecutivo.
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