La nueva ley de educación, séptima en democracia y conocida como 'ley Wert' fue aprobada este jueves con el único apoyo del Partido Popular. Una ley que aprueba solo el PP
La LOMCE ha suscitado la controversia y la crítica por parte de toda la oposición parlamentaria, y las distintas formaciones ya se han comprometido a derogar la ley en el momento en que haya una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados, con la excepción de UPyD y Foro Asturias.
El rechazo a la ley se ha materializado con los sucesivos anuncios en las últimas 24 horas por parte de distintas comunidades autónomas que se niegan a aplicar la ley, como Cataluña, o que han comunicado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, como Canarias, País Vasco y Andalucía.
Cataluña, la comunidad más reaccionaria con respecto a la 'ley Wert', también se une en el recurso. La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, lo anunció el mismo jueves, al considerar que ataca a la ley competente catalana y al propio Estatut.
La titular de Enseñanza aseguró en declaraciones a los periodistas que los centros educativos catalanes seguirán trabajando con tranquilidad, y manifestó que será la Generalitat la que velará por el sistema de inmersión lingüística, con el apoyo de la comunidad educativa y de la sociedad.
"Entendemos que tenemos que procurar no trasladar a cada escuela este conflicto. La Generalitat es la competente en materia educativa y tiene que poder defender la inmersión, acompañada de la sociedad catalana", dijo. La consejera aprovechó la ocasión para augurar a la ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert "una fecha de caducidad tan alta y tan próxima", lo que atribuyó a que es una norma "que responde únicamente a la imposición, y una ley que responde a la imposición no puede comportar una mejora".
Por su parte, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado estar "absolutamente convencido de la constitucionalidad" del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
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Una ley nacida del rechazo
