El Ministerio de Sanidad está estudiando la manera de parar el polémico concurso andaluz de medicamentos hospitalarios. La asesoría jurídica del Ministerio todavía no tiene claro el procedimiento legal de lo que considera una nueva invasión de competencias del Ejecutivo andaluz. El director general de Farmacia, Agustín Rivero, explicó ayer a elEconomista Sanidad que se está buscando "la fórmula para parar definitivamente la medida y no estar en la misma situación que ahora con una nueva subasta".
Antes de tomar una decisión, Rivero ve con buenos ojos sentarse y hablar de esta cuestión con el nuevo Gobierno andaluz, ya que "tampoco se trata de tener a funcionarios públicos trabajando en recursos cuando se puede trabajar conjuntamente" entre ambas adminis- traciones, admite.
La Junta de Andalucía ha decidido -y aprobado- ir a la contra del resto de comunidades autónomas también en el terreno de la salud. El Ejecutivo del todavía presidente José Antonio Griñán acordó en pleno mes de agosto -se publicó el texto el día 3- una ley para utilizar en sus hospitales únicamente un medicamento para cada grupo de enfermedades por tener efectos "similares" y adquirirlo por concurso al proveedor más barato. Es decir, a finales de año, cuando la norma entre en vigor, los hospitales públicos andaluces obligarán a sus médicos a utilizar un fármaco para una dolencia sin que sea expresamente concebido para ésta, únicamente por tener indicaciones terapéuticas similares.
Este efecto similar, con el que la Junta quiere ahorrar unos 8 millones de euros al año, se conoce en el sector sanitario como alternativas terapéuticas equivalentes. La idea original se basa en el hecho de que dos medicamentos con principios activos diferentes puedan clasificarse en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación. En la propia comunidad científica hay todavía dudas sobre este concepto. Los medicamentos que comparten una misma indicación no significa que sus propiedades farmacológicas y terapéuticas sean iguales, ni por tanto pueden considerarse alternativas terapéuticas equivalentes o alternativas terapéuticas de eficacia similar.
Esta equivalencia similar debería hacerse si acaso, aseguran los expertos, en medicamentos con el mismo principio activo, cosa que no ocurre en el proyecto andaluz.
De todas formas, la principal queja científica a la norma andaluza es su invasión de las competencias médicas. Hasta ahora, esta equivalencia entre medicamentos es competencia exclusiva de las agencias de evaluación de fármacos. En España, las declaraciones de equivalencia corresponden a la autoridad sanitaria reguladora del medicamento, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad.
Las reacciones no se han hecho esperar. Asociaciones de pacientes de todo tipo, sociedades científicas y organizaciones colegiales de médicos han puesto el grito en el cielo. La propia Organización Médica Colegial (OMC) considera que la Junta entraría en "invasión de competencias" e insiste en que el médico debe "prescribir con libertad".
Repercusión en la industria
Aparte de las consecuencias para médicos y pacientes, la otra gran perjudicada por la norma andaluza será la industria farmacéutica, ya que muchos de sus medicamentos innovadores dejarán de usarse -y comprarse- en Andalucía. Distintos laboratorios han presentado ya recursos en los tribunales sobre la medida. La propia Farmaindustria ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía y afirma que la medida no tiene "base científica ni legal".
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