El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado este viernes el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, aprobado por el Consejo de Ministros y en el que se establece que las agencias de detectives privados tendrán la obligación de destruir las imágenes captadas en sus trabajos después de un año salvo en los casos que estén inmersas en investigaciones judiciales. También se establece la obligación de que los investigadores hagan informen que estén a disposición de la Policía.
Estas son algunas de las novedades para ahondar en un "mayor control" de la Administración a las empresas de detectives privados a las que además se les obligará a documentar por escrito los encargos que realicen en sus investigaciones detallando la identidad, los medios utilizados. El ministro ha dicho que esos datos serán de carácter reservado, pero que se podrán poner a disposición de los órganos judiciales y policiales "cuando haya razón para ello".
Asimismo, estas empresas tendrán que presentar una memoria ante el Ministerio del Interior una vez al año y se incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones. "Los informes deberán conservase archivados cinco años y las imágenes se destruirán un años después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", ha explicado el ministro del Interior.
Informes para la Policía
Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es que las empresas de detectives privados tendrán que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías.
Según ha remarcado el ministro, estas nuevas obligaciones consisten en "documentar los encargos en un contrato escrito" y en que "además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos".
"El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial", precisa este anteproyecto en el que además se obliga a estas empresas a "presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior".
Prohibidos materiales que atenten contra la intimidad
Precisamente la nueva Ley incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", ha explicado el ministro del Interior.
Vigilancia en las cárceles
También se contemplan nuevos servicios que hasta no estaban regulados o necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sobre este último punto, el ministro del Interior ha asegurado que esta iniciativa también ha sido solictada por Cataluña, unica comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.
Valoración "muy positiva"
Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en el que entre otras cosas se reconoce el carácter complementario de la seguridad privada con respecto a la seguridad pública.
"Aproser no puede sino valorar positivamente la iniciativa legislativa emprendida por el Ejecutivo", dice en un comunicado este organismo que representa a más del 75% del sector en España.
Entidades
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