Iñaki Urdangarín, duque de Palma y yerno del rey, podría enfrentarse a penas que suman en conjunto más de 16 años de prisión. Fuentes jurídicas daban ayer por hecho que, ante la evidencia de las pruebas y el informe de la Fiscalía Anticorrupción, al juez del caso Palma Arena, José Castro, no le quedará otra alternativa que citarle como imputado.
Tres delitos
Urdangarín podría ser acusado por colaboración necesaria en la malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Administración.
La Fiscalía de Baleares afirma que el duque de Palma y su socio Diego Torres montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro controlada por ambos y en la que Urdangarín figuraba como presidente.
El juez instructor del caso está investigando en concreto por qué el Gobierno presidido por Jaume Matas abonó 2,3 millones de euros a Nóos entre los años 2005 y 2006 para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.
Presupuestos ficticios
En el auto dictado para ordenar el registro de la sede de Nóos y de otras sociedades vinculadas con el entramado se asegura que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio, realizado sin analizar coste alguno".
El entramado societario estaría integrado por las firmas Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies, Shiriaimasu, Intuit Strategy y De Goes Center For Stakeholder Management. Es más, la resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".
Con la complacencia de los representantes políticos
La Fiscalía apunta a que "se concertaron los representantes políticos y los de Nóos para eludir de forma dolosa la aplicación de la Ley de Contratación y beneficiar de forma fraudulenta a Nóos mediante la utilización ilegítima de la figura del convenio de colaboración, conculcando así los principios básicos que deben regir la contratación pública: concurrencia, publicidad e igualdad de trato". Tras conocer el escrito del juez, la Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto" a las actuaciones y decisiones judiciales.
Hoy, el diario El Mundo afirma que era Urdangarín quien tomaba las decisiones en Nóos, según el testimonio del gerente.
Entidades
Interrogan a los implicados en la trama
