El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, va a firmar hoy en Oslo en representación de España el tratado internacional que prohíbe las bombas de racimo y que fue acordado por un centenar de países en mayo pasado en Dublín.
Las bombas de racimo contienen pequeños artefactos que al lanzarse desde aviones o por la artillería quedan diseminadas y explotan como minas. Sus detractores denuncian que provocan daños indiscriminados ya que en ocasiones permanecen durante meses o años sin explotar hasta que accidentalmente alguien, en muchas ocasiones niños, se topa con ellas. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no forman parte del acuerdo de Dublín.
El Gobierno noruego estima que alrededor de 100 Estados acudirán al acto de la firma. La mayoría de ellos estará representado por su ministro de Exteriores u otro emisario del Gobierno, según fuentes diplomáticas noruegas.
Destrucción de las bombas racimo
La convención compromete a los Estados parte a no emplear, producir, adquirir, conservar o transferir a nadie "nunca" bombas de racimo. También les obliga a destruirlas en un plazo máximo de ocho años a partir de la entrada del acuerdo en cada Estado parte.
La ministra de Defensa española, Carme Chacón, anunció en julio pasado en el Congreso que el Gobierno acometerá la "destrucción total" de las 5.589 bombas de racimo que poseen en la actualidad las Fuerzas Armadas "en menos de dos años".
De ellas, 4.600 son granadas de mortero de fabricación nacional, 600 son municiones estadounidenses y otras 400 son bombas antipista españolas. Su destrucción tendrá un coste estimado de unos cuatro millones de euros.
Entidades
