Política

China se compromete a respetar los máximos estándares de la seguridad alimentaria

Pekín, 25 oct (EFE).- El primer ministro chino, Wen Jiabao, se ha comprometido hoy a "extraer todas las enseñanzas" del escándalo de la leche adulterada, para conseguir que la producción alimentaria en China respete los máximos niveles de seguridad "de la granja a la mesa".

El problema de la seguridad alimentaria fue abordado durante la séptima cumbre de líderes de Asia y Europa (ASEM) que hoy se ha clausurado en Pekín.

En la rueda de prensa final, Wen se ha referido al caso de la leche contaminada con melamina, una sustancia química utilizada habitualmente en plásticos y resinas, que ha intoxicado a más de 53.000 bebés chinos.

"Puedo asegurar solemnemente que damos la mayor importancia y prioridad a este asunto, no sólo por la seguridad de nuestro pueblo sino de todo el mundo", ha respondido el primer ministro a una pregunta de un periodista japonés.

Según el gobernante chino, las autoridades van a tomar todas las medidas encaminadas a respetar las normas internacionales de seguridad alimentaria más exigentes, incluidas las de los países de destino de las exportaciones.

"Somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por hacer, pero demostraremos por la calidad de nuestros productos que merecemos la confianza", ha indicado Wen.

"No sólo las empresas son responsables, también el Gobierno va a asumir su responsabilidad", ha añadido el primer ministro, quien ha indicado que se perseguirá no sólo a los autores materiales del fraude sino a "los responsables políticos implicados".

En el plano legislativo, esta semana la Asamblea Nacional Popular ha comenzado a debatir la reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria.

La reforma legal, que se espera sea aprobada el 28 de octubre, establecerá mayores responsabilidades para el Gobierno, además de unos estándares de calidad en los alimentos más estrictos.

El borrador contempla prohibir todos los químicos y materiales en la producción alimentaria, con excepción de una lista determinada de aditivos, que deberán ser aprobados previamente por las autoridades sanitarias.

Incluir sustancias que no se encuentren en la lista sería castigado con el cierre de la producción o la revocación de la licencia de fabricación, según el proyecto de reforma.

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