El reparto de escaños sin mayorías parlamentarias está marcando la legislatura y, cómo no, la capacidad legislativa del propio Parlamento. En las primeras semanas el PP ha conseguido defenderse, aunque sea como gato panza arriba, y salvar a través de su capacidad de veto algunas de las propuestas que quieren tumbar sus reformas, pero en otros aspectos no le ha quedado más remedio que ceder. Sobre todo teniendo en cuenta que Mariano Rajoy sabe que debe cultivar el encuentro con el resto de grupos parlamentarios si quiere que estos, a cambio, le apoyen, como ocurrió ayer con el techo de gasto primero y como se prevé que ocurra con los Presupuestos del año que viene.
No obstante, la gran cesión política se limita, de momento, a aprobar una nueva ley educativa. El resto se centran en medidas económicas y en promesas pendientes, como la racionalización de horarios o los titubeos que amagan con ceder en algunos aspectos de la Ley Mordaza o de la reforma laboral.
+ Una nueva Ley de Educación
La primera cesión de Mariano Rajoy asomó durante la sesión de investidura, cuando el todavía candidato a la Presidencia, en un guiño a la abstención del PSOE, anunció la paralización de las reválidas, una de las reivindicaciones socialistas. Posteriormente, el PP puso negro sobre blanco esa cesión y pactó con PSOE y Ciudadanos crear una subcomisión parlamentaria para tener una nueva Ley de Educación que acabe con la Lomce.
El acuerdo llegó tras semanas de negociación, y se basó en un texto consensuado inicialmente por el PSOE y Ciudadanos. La necesidad de apoyo para el techo de gasto contribuyó finalmente a torcer el brazo de los populares.
En concreto, PP, PSOE y Ciudadanos acordaron constituir una Subcomisión en el Congreso que, en el plazo de seis meses, elabore un informe que sirva de base para que el Gobierno redacte un proyecto de Ley Básica de Educación que sustituya a la Lomce. El texto del acuerdo, dice que "se suspenderá el calendario de implantación previsto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce), en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor, mientras se logra el Pacto y entra en vigor la nueva ley de educación".
+ El aumento del salario mínimo
El PSOE puso sobre la mesa un aumento del salario mínimo interprofesional del 8% en 2017 como condición sine qua non para respaldar el techo de gasto. Al PP no le quedó más remedio que ceder a un planteamiento que dejará el sueldo mínimo en 707,6 euros el próximo ejercicio frente a los 655,2 euros actuales, lo que supone la mayor subida en 30 años.
La cifra, con todo, sigue muy por debajo de la subida aprobada por el Congreso, que acordó por 174 votos a favor, 137 en contra y 30 abstenciones la proposición de ley de Unidos Podemos de subir el SMI de forma escalonada hasta alcanzar los 950 euros en 2020, ya que de esta forma se cumpliría con la recomendación de la Carta Social Europea que sitúa el SMI en el 60% del salario medio.
En la legislatura de la mayoría absoluta, es del todo probable que el PP hubiese dado carpetazo a la iniciativa del PNV para una reforma de la Ley de Secretos Oficiales que permita la desclasificación automática de los documentos a los 25 años, lo que desbloquearía el acceso a documentos de la Guerra Civil. Pero en estos nuevos tiempos, el partido de Mariano Rajoy optó por la abstención para permitir que la propuesta comience a tramitarse, con el fin de obtener la complicidad de los nacionalistas vascos para sacar adelante los Presupuestos.
+ Tramitación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales
En la legislatura de la mayoría absoluta, es del todo probable que el PP hubiese dado carpetazo a la iniciativa del PNV para una reforma de la Ley de Secretos Oficiales que permita la desclasificación automática de los documentos a los 25 años, lo que desbloquearía el acceso a documentos de la Guerra Civil. Pero en estos nuevos tiempos, el partido de Mariano Rajoy optó por la abstención para permitir que la propuesta comience a tramitarse, con el fin de obtener la complicidad de los nacionalistas vascos para sacar adelante los Presupuestos.
+ Un candidato alternativo a Fernández Díaz
El PP se vio obligado a renunciar a que el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, presidiera la Comisión de Exteriores. Horas antes de su nombramiento, el PSOE amenazó al Ejecutivo con presentar un candidato alternativo, que Ciudadanos y Unidos Podemos estaban dispuestos a secundar. El PP, consciente de que perdería la votación, pidió un aplazamiento y finalmente colocó a Fernández Díaz al frente de la Comisión de Peticiones, un nombramiento que no requería votación, sino que se otorga al partido mayoritario. Exteriores fue finalmente presidida por la expresidenta del Parlamento de Galicia Pilar Rojo
Las promesas pendientes del Ejecutivo
Aunque ya hay algunas cesiones consolidadas, otras aún son promesas, como las de esta lista:
+ La racionalización de horarios
Lo insinuó el pasado mes de abril Mariano Rajoy y lo confirmó hace apenas unos días la ministra de Empleo, Fátima Báñez: se buscará un consenso para que, con carácter general, la jornada laboral en España termine a las 18:00 horas. Aunque la reivindicación no es nueva, es una de esas eternas tareas pendientes que nunca terminan de llevarse a cabo. Y es, además, una bandera que agitan tanto PSOE como Ciudadanos.
Ambos se atribuyen haber empujado al Gobierno a tomar una medida que llevaban tiempo reivindicando. No obstante, de momento la búsqueda de horarios que permitan conciliar la vida familiar y laboral se queda en una declaración de buenas intenciones.
+ El aumento del permiso de paternidad
Empleo también anunció como parte de este plan integral de Empleo que quiere "ampliar a cuatro semanas el permiso por paternidad". Es otro de los compromisos que ya se firmaron con Ciudadanos, que espera que la medida sea una realidad a partir del día 1 de enero. Así lo recordó el dirigente de la formación naranja, Albert Rivera, que recordó que ese es el compromiso del Ejecutivo firmado en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, que también apuntó el acuerdo entre su formación y Rajoy para esta legislatura incluye aprobar un permiso de maternidad de 26 semanas.
En este punto hay que recordar que más que una cesión del actual Ejecutivo se trata de un mandato legislativo al que el propio Gobierno se comprometió en la Ley Presupuestaria de 2015. Es decir, que ya existe una norma legal que emplaza al Gobierno a aprobar esta medida en 2017. De hecho la ampliación a cuatro semanas de este permiso se aprobó por Ley ya en 2009 para que empezase a aplicarse en 2011. Pero entonces no se aprobó, ni en años sucesivos, ya que cada ley presupuestaria ha retrasado año tras año ampliar un permiso de paternidad que sigue en dos semanas de duración.
El acuerdo entre Ciudadanos y PP contempla presupuestó de 400 millones para ampliar a cuatro semanas los permisos de paternidad en 2017 y de ampliar cuatro semanas más en los tres años siguiente, una medida que supondría 800 millones de 2018 a 2020. Está por ver si la promesa de Empleo se plasma en los próximos Presupuestos y no sufre una nueva prórroga como en los años anteriores.
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