
Alcorcón, 25 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PP, ha negado hoy que hayan existido irregularidades en el desarrollo urbanístico del Polígono Parque El Lucero -donde recientemente se han instalado compañías como Ikea, Bauhaus y Bricomart- y que el PSOE va a solicitar investigar en una Comisión.
La portavoz del Gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Ana González, ha asegurado a Efe que el Gobierno del PP lo que ha hecho ha sido "desbloquear una situación completamente enmarañada por el PSOE desde el año 1998" y ha acusado a estos de hacer "una campaña torticera, únicamente para generar dudas en la gestión del PP".
"Acabamos de terminar la primera fase de desarrollo del Parque El Lucero, con la inauguración de Bricomart hace unos días, y esto ha sentado fatal al PSOE de Alcorcón", ha afirmado González, quien insiste en que a los socialistas "no les gusta ver que el Lucero es una realidad que ha generado empleo para los vecinos de Alcorcón".
Respecto a la moción que presentará el miércoles en el Pleno el PSOE para crear una Comisión de Investigación sobre este asunto, la concejal de Urbanismo sostiene que es la gestión del PSOE la que "está plagada de irregularidades" y que es el anterior gobierno el que "nunca dio una explicación de todos sus incumplimientos".
Desde el PSOE denunciaron ayer, citando una sentencia judicial ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que la modificación del proyecto de urbanización inicial del Parque Lucero -cuya ejecución se encomendó a la Junta de Compensación- realizada por el Gobierno del PP no se ajustaba a derecho.
Los hechos se remontan al año 2007, bajo el gobierno del PSOE, cuando en el Plan Parcial 8 El Lucero se encomienda la ejecución de las obras de urbanización interior del subsector oeste -que es municipal-, a la Junta de Compensación, quien a su vez establece un contrato con la UTE Urcosa-Intor para realizar dichas obras.
Según asegura el PP a través de un comunicado, el Gobierno del PSOE vendió en el año 2009 y 2010 unas parcelas de El Lucero por 31 millones de euros a Ikea -24 millones- y a Bricomart -7 millones, algo que considera "muy grave", ya que "el PSOE conocía que no estaban urbanizadas y por lo tanto no podía edificarse en ellas".
"Cuando llega David Pérez, se encuentra con todas las obras paralizadas, sin dinero para ejecutar los sistemas exteriores y una deuda por no pagar las derramas", subraya el PP en un comunicado, añadiendo que Ikea y Bricomart advertían entonces con "demandar al Ayuntamiento por venderles suelo donde no se podía edificar".
Por ello, en el año 2013, la Junta de Gobierno Local modifica el proyecto inicial, deja sin efecto la encomienda otorgada para las obras de urbanización a la Junta de Compensación -además de resolver el contrato con la UTE Urcosa-Intor- y adjudica el nuevo proyecto de urbanización -de solo tres parcelas- al Grupo Bertolín.
Aunque la portavoz del PSOE de Alcorcón, Natalia de Andrés, manifestó ayer sus dudas sobre el precio por el que se adjudicaron las obras al Grupo Bertolín, "empresa relacionada familiarmente con el eurodiputado del PP González Pons", desde el PP aseguran que se hizo "un concurso público al amparo de la Ley de Contratos".
Es entonces cuando la Junta de Compensación lleva el caso al Juzgado contencioso-administrativo, quien en su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, "anula y deja sin efecto" el acuerdo de modificación al entender que el Consistorio "no puede dejar sin efecto la encomienda" ni "desvincularse unilateralmente".
Desde el PP defienden que como el gobierno del PSOE "no ejecutó en tiempo y forma el Plan Parcial que le obligaba a realizar las obras de los sistemas exteriores", el Ayuntamiento, "con un informe favorable de Intervención, acordó abandonar la Junta de Compensación" y que decidió "asumir el control de las obras".
Además, el Gobierno municipal recalca que la sentencia del TSJM "reconoce que es legal y legítimo que el Ayuntamiento realizara las obras de urbanización por su cuenta" -aunque también dice que pueden ser hechas por la Junta de Compensación, pero "dadas las actuaciones previas del PSOE", se decantaron por éste último sistema.
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