Los servicios jurídicos del Parlament han elaborado un informe que insta a JxSí y la CUP a reformular su petición de crear ponencias conjuntas para elaborar las tres leyes que consideran clave para la independencia: hacienda propia, seguridad social y proceso constituyente.
En su informe, solicitado la semana pasada por el resto de grupos, los letrados argumentan que una ponencia conjunta debe tener el amparo de la mayoría de los grupos, algo que no ocurre en el caso de las tres leyes independentistas: todos menos JxSí y la CUP ya anunciaron que no participarán en una iniciativa de este tipo.
Desaconsejan esta vía para tramitar las tres leyes amparándose en el artículo 126 del reglamento del Parlament, que indica que una ponencia debe tener "representación de todos los grupos parlamentarios".
"Si no se produce el consenso de todos los grupos parlamentarios o, como mínimo de su mayoría, se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponencia" porque se pierde el sentido por el cual se ha creado, que es el del trabajo conjunto de todos los grupos, destaca el informe.
Como alternativa, JxSí y la CUP "disponen de otros instrumentos parlamentarios que podrían ser utilizados alternativamente a la vía de la ponencia conjunta", aunque no desgrana cuales.
Sí que los ha detallado verbalmente el letrado que este martes ha participado en la reunión de la Mesa: a través de una proposición de ley, de un grupo de trabajo o de una comisión de estudio como la del 'derecho a decidir', han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
No concreta si son legales
En su informe, los letrados no ahondan en la constitucionalidad de la iniciativa porque la fórmula ya tensiona el reglamento del Parlament, así que no concreta si se ajusta o no a la legalidad vigente, tal y como reclamaban saber el PSC, C's, PP y SíQueEsPot.
Sobre la petición del PSC y el vicepresidente de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (C's), de conocer si la iniciativa incumple la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la resolución independentista que aprobaron JxSí y la CUP, los letrados se remiten a un informe que elaboraron en diciembre de 2015 en el que indicaban que "el Parlament debe cumplir" la decisión del alto tribunal.
Principalmente, se centran en la formalidad de la propuesta de JxSí y la CUP, y sobre el contenido se limitan a explicar que las solicitudes para crear las tres ponencias conjuntas "no encajan de una manera clara y evidente en ninguno de los ámbitos que el artículo 62.2 del Estatut considera de despliegue básico".
Aún así, recuerdan que en otras ocasiones se han impulsado ponencias conjuntas sobre temas no contemplados en dicho artículo, y ponen los ejemplos de las leyes de transparencia y acceso a la información publica, la de consultas populares no refrendarias y participación ciudadana, y la de igualdad entre hombres y mujeres.
"En estos casos, la decisión [de crear ponencias conjuntas] se ha tomado siempre sobre la base de un amplio consenso, por no decid con unanimidad", algo que ahora no ocurre, matizan.
No es preceptivo
El informe de los servicios jurídicos no es perceptivo ni vinculante, por lo que los miembros de la Mesa podrían dar luz verde a la creación de las ponencias pese a las indicaciones de los letrados.
En caso de que esto ocurra, los letrados advierten de que se estaría obligando a los grupos que se han opuesto a la creación de las ponencias conjuntas a "participar en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos".
La Mesa de la semana pasada acordó pedir estos informes para saber si las ponencias que deben redactar estas tres leyes son legales tras las reticencias de los grupos no independentistas.
Así, la admisión a trámite definitiva de las tres ponencias se abordará en la próxima sesión de la Mesa, después de que todos los grupos hayan recibido los informes.
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