La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha justificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el Govern no detuvo la consulta sobre la independencia del 9N de 2014 porque, cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió cuatro días antes, la organización ya estaba en manos de la "sociedad civil", han informado fuentes judiciales. | El Govern defiende su apoyo a Mas, Ortega y Rigau y el TSJC se queja.
Lo ha dicho en un interrogatorio como imputada este martes durante algo más de una hora, y se ha negado a responder a los fiscales y a la acusación -sólo lo ha hecho al presidente del tribunal y a su abogado-.
Ortega ha insistido en que el 4 de noviembre ya no había nada que suspender porque el control de la Generalitat sobre lo que ha denominado proceso participativo ya había acabado.
Pese a decir que eran los voluntarios los que se encargaban de la organización, ella sí ha asumido la responsabilidad en el dispositivo logístico y también que compareció el mismo 9N en rueda de prensa para informar del resultado del proceso, porque era un "acto histórico" del que cree que el Govern tenía el deber de informar.
Al preguntársele sobre la puesta en marcha de una página web sobre las votaciones -participa2014-, Ortega ha explicado que, cuando el TC suspendió la consulta, no cancelaron la web porque era complejo: según ha explicado, se había alojado en servidores situados en diferentes partes del mundo con el fin de dificultar ataques informáticos.
La misma argumentación que Rigau
Como hizo la consellera Irene Rigau en su interrogatorio por la mañana, Ortega ha explicado que, cuando el TC suspendió la primera consulta convocada, ordena cancelarla, pero que luego lo que se inicia es "un proceso diferente" que dejan en manos de voluntarios, y que ha denominado proceso participativo.
Ha utilizado también la misma argumentación que Rigau para defender su negativa a responder a los fiscales -entre los que estaba el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada-, en el sentido de que consideran que la querella que presentaron fue "una imposición" de la Fiscalía General del Estado, ya que en un principio los fiscales catalanes defendieron en un informe que no apreciaban delito de desobediencia en la consulta del 9N.Agradecida
La exvicepresidenta ha agradecido "de corazón" el apoyo del centenar de concentrados que este martes le han esperado a la salida del tribunal. "Gracias de todo corazón. De verdad, gracias", les ha dicho tras comparecer cerca de hora y media, periodo en el que los manifestantes no han dejado de proclamar gritos y cánticos a favor de la independencia y contra la judicialización del 9N -cuando ha llegado al TSJC han sido 200 pese a la lluvia-.
La concentración ante el TSJC se ha disuelto sobre las 18:00 horas, pero a las 19.30 habrá réplicas frente a los ayuntamientos catalanes convocadas por Òmnium Cultural, ANC y las entidades municipalistas AMI y ACM: el epicentro será en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde está prevista la proyección de un video de apoyo a los imputados y la lectura de un manifiesto del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Por su parte, la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía en su declaración como imputada por la organización de la consulta alternativa del 9N. A la salida del tribunal ha defendido que cumplió el mandato de su Parlament: "Mi parlament". Además, se desmarcado de la organización del 9N y se la ha atribuido solo a voluntarios.
Quejas de la Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha opinado hoy que las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento que es "aún más inadmisible" cuando es diseñado por representantes públicos.
Varios centenares de personas se han concentrado hoy ante la sede del TSJC para apoyar a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), y la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), que han acudido a declarar por el 9N, y que han estado acompañadas también por miembros del gobierno catalán.
En un comunicado remitido hoy a los medios, la sala de gobierno del TSJC alerta de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".
El TSJC manifiesta que "no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones".
"Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional", sostiene la nota de la sala de gobierno del TSJC.
Para el alto tribunal catalán, la independencia judicial "no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos", por lo que "su cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno".
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Rigau se niega a responder