El diputado de CiU en el Parlament y exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo ha renunciado este martes a su escaño en el Parlament, después de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya fijado para el miércoles 3 de junio el inicio del juicio contra él y otros cuatro acusados por el 'caso Clotilde' de supuesto cohecho y prevaricación.
"Doy un paso al lado. Creo que debo centrarme en mi defensa. Para mí y para mi grupo es lo mejor que puedo hacer", ha afirmado en rueda de prensa junto al líder de CiU en el Parlament, Jordi Turull, en la que ha explicado que el grupo parlamentario ha aceptado su renuncia y que ahora lo que le importa es demostrar su inocencia.
El exalcalde ha argumentado que abandonar el escaño es lo mejor tanto para él como para el grupo, y no renunció antes al acta -pese a que la instrucción del caso se cerró hace tiempo- porque hasta febrero se han producido "pasos judiciales".
Sobre si volverá a presentarse a unas elecciones si le absuelven, Crespo ha respondido que no se lo ha planteado porque ahora mismo le preocupa el juicio y su defensa, pero ha señalado que "en la vida hay muchas etapas" y que él es médico de profesión y que ya ejerció hasta 2003.
Turull ha asegurado que los compañeros del grupo parlamentario son "testigos de la honestidad personal y política de Crespo", y ha considerado un paso adecuado la decisión de renunciar al escaño, ha dicho que le honra y ha recordado que podía haber optado por pedir su suspensión temporal como diputado.
El reglamento de la Cámara prevé en su articulo 18 que los diputados puedan ser suspendidos de sus derechos y deberes "si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno lo aprueba por mayoría absoluta", y mientras dura la suspensión no cobran ni participan en comisiones ni plenos.
Dos años y medio de cárcel
La vista oral, en la que Crespo se enfrentará a dos años y medio de cárcel y 17 de inhabilitación por supuestamente favorecer a un empresario ruso en un proyecto urbanístico del municipio, está previsto que concluya el lunes 15 de junio.
En su escrito de calificación previo al juicio, los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo solicitan también para Crespo una multa de 831.600 euros y que devuelva los sobornos que presuntamente recibió de la trama y pide para el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls, dos años y tres meses de cárcel.
Los fiscales concluyen que Crespo y Valls dieron "facilidades administrativas en la construcción del complejo inmobiliario que se iba a realizar en el lugar de la plaza de toros, a cambio de determinados favores" al empresario Andrei Petrov, también acusado.
La cuarta renuncia
Con Crespo ya son cuatro los diputados que habrán renunciado al acta en esta legislatura por tener causas judicales abiertas.
El primero en dejar el Parlament fue el portavoz de C's, Jordi Cañas, que el 25 de abril de 2014 abandonó su escaño después de recibir una providencia del TSJC que le citaba a declarar como imputado por un presunto fraude fiscal en 2005 en el impuesto de sociedades. Aunque reconoció que su decisión era irreversible a corto plazo, confió en demostrar en poco tiempo su inocencia y volver a ser un representante público en las instituciones, y lanzó un mensaje a los que pudieran alegrarse de su dimisión: "Volveré".
El siguiente en dejar el Parlament fue el líder de CiU en la Cámara y secretario general de CDC, Oriol Pujol, que el 14 de julio anunció que dejaba de forma irreversible el acta de diputado, después de varios meses imputado en el caso de las ITV y pocos días antes de que trascendiera que su familia había tenido cuentas sin declarar en el extranjero. En un comunicado, sostuvo que la decisión debía servir para que el siguiente período de sesiones en el Parlament y el próximo curso político arrancasen "con el orden, liderazgo y personas que CDC necesita para poder dar la máxima garantía de que el proceso -soberanista- saldrá bien".
El último en dejar el escaño fue el exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández, que el 21 de enero renunció a su acta de diputado por su imputación por un presunto tráfico de influencias en el caso Mercurio, un caso por el que ha sido condenado a un año y cuatro meses de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público.
El caso de Fernández fue distinto porque en un primer momento pidió su supensión temporal como diputado mientras no hubiera sentencia firme, pero el pleno del Parlament rechazó esa posibilidad por un solo voto y el dirigente socialista acabo presentando su renuncia.
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