El Gobierno de Extremadura, presidido por José Antonio Monago, ha destapado un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la Creex, CCOO, UGT y Cepes, y que "podría alcanzar solo en la convocatoria de 2011 más de 3 millones de euros".
Los datos que este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción este pasado martes, según ha anunciado la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Ángeles Muñoz, en rueda de prensa en Mérida.
En su intervención, Muñoz ha explicado que tras realizar una auditoría por parte de una empresa externa al Ejecutivo regional del 10% de los cursos, existen "indicios suficientes" que determinarían que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados".
Las "irregularidades", ha explicado la consejera, "están en que los gastos facturados son superiores al coste real", por lo tanto "existen sobrefacturaciones" ya que "los costes reales en los que pretendidamente se han incurrido superan con creces el valor de mercado". Ha calculado que "la diferencia entre el coste real y el coste facturado" sería de un 47% más.
Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen "indicios de fraude de en torno a 1,5 millones", es decir, el 50% de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CCOO, recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, y el "fraude" estaría en ambos casos "entre los 600.000 y los 650.000 euros", un 30%.
En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que "los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40% de la subvención".
Parte de la "campaña electoral del PP"
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha señalado que mientras no haya "ninguna prueba" mantiene en la "más alta consideración" a los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CREEx y Cepes, que presuntamente cometieron un fraude con los cursos de formación de 2011, y considera que el caso dado a conocer este jueves por el Gobierno de Extremadura "probablemente" forma parte de la "campaña electoral del PP".
García ha considerado "lamentable" que la consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, haya dado cuenta este jueves, a dos meses de las elecciones, y último día de Pleno en el Parlamento regional, del traslado a la Fiscalía de los datos recabados por una auditoría externa, así como una "bajeza moral" que se realice cuando el presidente de la CREx, Antonio Masa, se está "debatiendo entre la vida y la muerte".
El portavoz socialista ha considerado "lamentable" que se "haga electoralismo" con algo "tan serio como la formación de los trabajadores", al tiempo que ha deseado que las actuaciones de la Fiscalía se realicen lo antes posible, porque "cuando quieran actuar habrán pasado las elecciones".
El PP cuestiona a Vara
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, ha exigido al secretario general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, que ofrezca a la ciudadanía explicaciones de forma "inmediata" sobre lo ocurrido durante su mandato como presidente de Extremadura con respecto al presunto .
Cantero considera que debe ser Vara y el resto de miembros de su Ejecutivo vinculados a este ámbito quienes deben dar explicaciones a los ciudadanos sobre los datos aportados este jueves por la consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, por ser responsables "in vigilando" del uso de los fondos públicos destinados a las acciones formativas de ocupados.
"Vara debe salir de forma inmediata a los medios de comunicación y dar explicaciones de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha permitido en su gobierno", ha señalado Cantero, quien ha subrayado que los miembros del Ejecutivo son los "responsables de velar" y de "garantizar" que el dinero público "no se maltrata", así como tiene "la responsabilidad 'in vigilando' para que no se defraude".
En su opinión, los datos difundidos por la consejera de Empleo ponen "negro sobre blanco" una situación ocurrida durante el anterior gobierno socialista, una información, ha añadido, que "hace sospechar" que se trata de un "tremendo fraude, un tremendo caso de corrupción en 2011".
En este sentido, ha señalado que los extremeños pueden estar "confiados" en que se conocerá lo ocurrido con este asunto, porque cuentan con un Gobierno que "al contrario que en otras comunidades donde se trata de ocultar, de tapar las miserias y ruindades", en Extremadura el Ejecutivo de José Antonio Monago "está demostrando de nuevo ser un referente de honorabilidad y responsabilidad".
CCOO lo niega todo
A su vez, el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, ha asegurado que el sindicato "no ha cometido ningún tipo de fraude" ni "ningún tipo de delito" en relación a estos cursos de formación.
En rueda de prensa, Carretero ha destacado que CCOO Extremadura no tiene "ninguna notificación resolutoria" ni por parte del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ni de la Consejería de Empleo en la que se le reclame "ninguna cantidad" a ese respecto, al tiempo ha recalcado que el sindicato "ha justificado todo lo habido y por haber".
En esta línea, ha tachado la situación dada a conocer por el Ejecutivo extremeño como "insidiosa" y ha asegurado que "no es entendible" que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción este aspecto cuando "no hay una resolución administrativa" reclamando cantidades económicas.
De esta forma, Carretero también ha considerado que hay un "acto de mala fe" y, por el momento elegido para darlo a conocer próximo a las elecciones, de "emponzoñar una situación que no tiene mayor trascendencia", puesto que si el Ejecutivo regional considera que la justificación de dichas acciones formativas no se atenía a las normas establecidas debería "haberlo requerido", ha insistido.
El secretario general de CCOO en Extremadura también ha hecho hincapié en que la Administración autonómica "debe" al sindicato casi 600.000 euros, en concreto más de 394.000 del plan de formación para personas ocupadas de 2011, que se ejecutó a lo largo de 2012 y 2013, y más de 195.000 euros de otros planes hechos con posterioridad.
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Presunto fraude en Andalucía