Después de años de forcejeos políticos, Hacienda cumple su palabra y ha publicado las balanzas fiscales. Quien crea que va a encontrar en ellas la verdad revelada se verá defraudado por lo inextricable de unos datos que ofrecerán conclusiones obtenidas por diferentes métodos de cálculo y que, en realidad, sólo corroborarán lo que ya se sabe: que en nuestro sistema solidario de financiación autonómica algunas comunidades ricas financian a otras menos desarrolladas.
De hecho, después de que Maragall cometiera la torpeza de protestar en tono desabrido por la excesiva ?a su juicio- contribución solidaria de Cataluña al resto del Estado, la propia Generalitat ha publicado el déficit fiscal de Cataluña, que acaba de ser actualizado al 2005 por un grupo de expertos (el 10 de julio era publicado por la prensa catalana).
El déficit
Según el método del Flujo Monetario (que atribuye el gasto público y su impacto a la región en que efectivamente se desarrolla su actividad), el déficit sería de 16.735 millones de euros, el 9,8% del PIB catalán; según el método del Flujo Beneficio (que asigna el gasto a la región donde reside el beneficiario, con independencia de donde se realice de forma efectiva), el déficit sería de sólo 12.629 millones, el 7,4% del PIB. Aquel dato obtenido por el método del Flujo Monetario significa que el 32,8% de los ingresos que aportaron los catalanes a la Administración Central no ha regresado a la región; o que cada ciudadano de Cataluña tiene un déficit personal de 2.392 euros.
Muchos expertos dudan del valor de estas cifras ya que, por ejemplo, no contabilizan el valor dinerario innegable que constituye para Cataluña el disponer de unos mercados cautivos para sus productos en el resto de España.
Reclamo político
La publicación de las balanzas fiscales, que fue una reclamación inflamada en los tensos momentos de la redacción de la reforma estatutaria catalana, ha perdido fuelle y apenas es un testimonio de transparencia que constata lo obvio y muestra la dificultad de medir en términos reales la solidaridad. Porque, además, no están los tiempos para despilfarros y Solbes ya ha explicado que el nuevo modelo de financiación, que ha comenzado a negociarse oficiosamente, debe tener un coste cero para el Estado.
Dicho en otros términos, la cantidad global para financiar las competencias autonómicas permanecerá invariable una vez actualizada por la inflación- por lo que el problema del reparto es más de las propias comunidades, que habrán de negociar en el ámbito multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que del Gobierno. Y, en todo caso, se excluirán las bilateralidades que figuran a modo de ensoñación en el Estatuto catalán.
Pugna entre comunidades
En realidad, y una vez constatado que por la coyuntura critica de nuestra economía no es momento de exigir más recursos, los debates en curso son dos: por un lado, pugnan las comunidades autónomas demográficamente más estancadas Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura- para que la población no sea determinante en el reparto (el peso de la demografía no debería exceder del 80%) y, por el contrario, deberían tenerse en cuenta otros factores, como extensión, dispersión, edad media de la población, etc. Como se ve, las regiones se agrupan por conveniencias, no por colorido político.
El otro debate estriba en la composición del mecanismo de nivelación, es decir, el alcance del actual Fondo de Suficiencia, que ha garantizar a todas las comunidades idénticos recursos per capita en los principales servicios públicos: las comunidades ricas, con Cataluña a la cabeza, quieren que este Fondo incluya apenas sanidad, educación y servicios sociales. Las comunidades pobres quieren extenderlo a otros servicios. Solbes, de momento, ha incluido ya la Justicia.
El debate en el PP
El próximo día 29, Rajoy se reunirá con sus líderes territoriales en La Rioja para intentar una posición común de sus líderes en todo el Estado. Le será difícil conjugar voluntades que se mueven por distintos intereses.
Lo más acertado será que primen los criterios técnicos y de sentido común, que a fin de cuentas son los más fáciles de concertar. La política tiene escasa cabida en la gestión de unos recursos necesarios para el desenvolvimiento normal del Estado de las Autonomías y que no son en este momento abundantes.
