
La jueza Mercedes Alaya ha abierto una nueva causa contra la Junta de Andalucía. En esta ocasión se trata de un caso de supuestas irregularidades en las ayudas dadas a la innovación, para lo que ha imputado un delito de prevaricación al exconsejero de este departamento, Martín Soler, ya otros tres exconsejeros. La investigación ha quedado abierta tras una denuncia del PP andaluz y derivada del caso de los ERE, por los avales concedidos a empresas.
La juez Mercedes Alaya ha acordado dar "el adecuado impulso procesal" a la causa donde investiga las ayudas y avales concedidos a empresas por la agencia IDEA y ha imputado un delitdo de prevaricación al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler -también imputado en el caso de los ERE irregulares- y a otros tres ex altos cargos de la Junta, a todos los cuales ha citado a declarar el próximo mes de mayo.
Fuentes del PP han destacado que la importancia de esta causa es que, a diferencia de los ERE, todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los acuerdos fueron publicados en el BOJA.
Este dato permite "intuir" que la investigación se dirige a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía: el Consejo de Gobierno, subraya el PP.
Nuevas diligencias
Fue en enero de 2014 cuando la magistrada acordó abrir estas nuevas diligencias previas, derivadas de los ERE irregulares, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de un procedimiento penal independiente sobre la "actuación aparentemente fraudulenta" de IFA/IDEA en la concesión de ayudas a empresas "bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de préstamos".
En un auto dictado el 24 de febrero, la instructora imputa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Martín Soler, al que cita a declarar el 7 de mayo; al exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez, citado el 6 de mayo; al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, que tendrá que comparecer el 5 de mayo, y al exsecretario general de la Consejería del ramo Juan Francisco Sánchez García, que lo hará el 8 de mayo.