El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.
Así lo ha señalado este lunes el CGPJ en un comunicado en el que explica que decisión se produce después de que Francisco Vieira haya informado de que la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de justicia para el desarrollo de esta herramienta y de que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ.
El promotor de la Acción Disciplinaria ha citado mañana al presidente del TSJ de Madrid en la sede del CGPJ. El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados está regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según precisa el Consejo.
Por otro lado, la Comisión Permanente se ha reunido esta mañana para analizar la situación y ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del CGPJ para recabar la información necesaria para aclarar los hechos.
Las 'primas' del Gobierno de González
Esta mañana se conocía que la Comunidad de Madrid, presidida por el popular Ignacio González, paga retribuciones a jueces, fiscales y secretarios de juzgados por medio de una empresa privada como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados. El propio presidente del Tribual Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieria, fue quien solicitó los pagos, que ha justificado al entender que no son funciones de su cometido como magistrados.
En total, rubrica el diario El País, la entidad habría desembolsado a través de la empresa Indra más de 230.000 euros a 32 juristas, a razón de 400 600 euros mes.
Se trataría de un contrato firmado entre Indra e ICM, la Agencia Informática de la Comunidad - filial de la Consejería de Justicia-, para que los usuarios (los jueces) colaboren en la mejora de las instalaciones a través de sus opiniones. Si bien, señala el rotativo, los jueces no suelen cobrar por estos trabajos, en este caso lo exigieron como contrapartida.
Según el diario El País, fue el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira, quien expuso que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica. Este ha explicado poco después de conocerse la noticia que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
"La Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de Justicia", ha señalado en este sentido, al tiempo que ha explicado que para ello se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional, formado por un magistrado y un secretario judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y funcionarios.
Así, ha explicado que a estos se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y "como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema".
Según Vieira, todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes. También ha especificado que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343".
"Esta actividad es una forma de producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración de Justicia, por lo que entiendo que está exceptuada del régimen de incompatibilidades", ha sentenciado.
Y es que según la ley, la función de juez es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia y la investigación juridica, así como la producción literaria, artística o científica y publicaciones derivadas de ella.
Por su parte, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, en una nota de prensa, explicitaba que "dado el esfuerzo que lleva aparejado este trabajo, la Justicia traslada en 2011 la necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto para las admnistraciones".
Hoy, y en el marco de la Operación Púnica, la relación entre Indra e ICM está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ante la posibilidad de que haya facturas falsas entre el Gobierno de Ignacio González y la empresa, y relativas al caso de un pago de 10.000 euros que supupuestamente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria y del presidente Ignacio González. Según el testimonio del exgerente del ICM José Martínez Nicolás, fue su jefe, Salvador Victoria, quien le ordenó que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro.
La pregunta del PSOE
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido a la Comunidad de Madrid que aclare si también pagó a profesores y sanitarios las primas que, según el diario El País abonó a través de Indra a varios miembros de la judicatura que al parecer habían colaborado en la implantación de mejoras tecnológicas en los juzgados.
Ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que "tome cartas en el asunto" aclarando si autorizó los jueces, fiscales y secretarios judiciales que habrían cobrado esas primas a realizar actividades incompatibles con sus responsabilidades y abriendo una investigación al respecto.
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