Una empresa, que será contratada por la vía urgente por el Ministerio de Defensa, se encargará de destruir las 5.000 bombas de racimo que almacenan los arsenales militares españoles y con una cláusula que asegurará que las tareas de desmilitarización de las bombas de racimo en arsenales militares estén más enfocadas a las "tres erres": reciclar, reutilizar y recuperar.
Según información facilitada por Defensa, el control del proceso de desmilitarización de las bombas de racimo depositadas en los polvorines de las Fuerzas Armadas se va a efectuar en distintas fases.
La responsabilidad del transporte estará a cargo de la empresa contratista, que deberá efectuarlo de acuerdo a la normativa y legislación vigente para el transporte de mercancías peligrosas (autorización de salida del material, Plan de transporte y guía de circulación expedida por la intervención de armas de la Guardia Civil de la localidad de salida).
Tras la verificación de entrada por personal de intervención de armas de la Guardia Civil competente, se expide un certificado de recepción y se procede al asiente en los libros de registro de entrada en fábrica.
Todo el proceso de destrucción -distinto para cada bomba- lleva consigo un trabajo previo que permite definir el procedimiento a seguir y una vez hecho se establecen los puntos de control e inspección.
La especial sensibilidad de algunos expedientes (como sería este caso) hace aconsejable la definición de testigos de destrucción específicos para cada tipo de bomba, que se acordará con la empresa contratista, según informa el Ministerio de Defensa.
Finalizado todo este proceso, se emitirán dos certificados: uno de destrucción y otro de conformidad.
Las bombas de racimo, a diferencia de las bombas diseñadas para la destrucción de instalaciones o material como carros de combate o baterías de artillería, tienen el propósito de causar heridas y muerte entre las personas.
Cuando se lanzan desde un avión, se dispersan en cientos de cargas explosivas que en muchas ocasiones no estallan con el impacto, con lo que se convierten durante años en una trampa letal.
Hoy han sido definidas por la ministra como "una pena de muerte sin sentencia, ejecutada sobre seres anónimos".