
Juan Carlos Monedero, portavoz de Podemos, ingresó "otro millón" de euros procedente de Venezuela a través de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales, informa en su edición de hoy El Mundo. La simulación de Monedero.
El periódico, que cita fuentes de la seguridad del Estado, revela que el dirigente de Podemos "recibió dos transferencias, con origen en Venezuela, por un importe cercano al millón de euros a través de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales".
"La sociedad intermediaria tiene sede en Valencia y está conducida, entre otros, por el catedrático de derecho Constitucional Roberto Viciano, consultor y asesor de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador", afirma El Mundo.
El periódico añade que "en concreto, el fundador de Podemos recibió pagos por importes de alrededor de 500.000 y 480.000 euros, que sumados a los 425.150 que facturó su empresa elevan la cifra a cerca de 1,5 millones".
¿Delito fiscal?
Por otro lado, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), considera "muy improbable" que Monedero haya cometido delito fiscal con la sociedad en la que recibió más de 400.000 euros. En esta empresa supuestamente cobró trabajos que realizó para Venezuela y otros países latinoamericanos.
Así lo explicó Mollinedo en declaraciones a Servimedia, en las que rechazó que dicha sociedad de Monedero pueda ser como la creada por Iñaki Urdangarín y la asimiló a las que utilizan futbolistas o artistas españoles, entre los que citó a Iker Casillas o Joaquín Sabina.
La diferencia radica, según explicó, en que una sociedad pantalla no tiene ningún tipo de actividad y se utiliza para evitar el pago de impuestos, algo que, a su entener, no ha hecho Monedero, ya que pagó 70.000 euros de impuesto de sociedades. Éste es otro factor que, a juicio del representante de Gestha, podría evidenciar que la actividad de Monedero con esta sociedad es legal y que, a tráves de esta empresa, "no se han engordado artificialmente los gastos".
Además, este técnico de Hacienda apuntó que Monedero no tenía ninguna obligación de cobrar esos trabajos mediante una sociedad española.