Política

Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas y más de 110 para Correa

La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio para el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas por cinco delitos que presuntamente cometieron durante la "primera época" de actividades de la red, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005, al tiempo que solicita la comparecencia en el juicio como testigo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El documento (.PDF).

El escrito provisional de acusación, que se ha registrado este viernes en la Audiencia Nacional, solicita que Bárcenas sea condenado a 26 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, siete años y nueve meses por blanqueo de capitales, tres años por falsedad, otros tres por apropiación indebida, dos años y nueve meses por estafa procesal en grado de tentativa.

Las dos fiscales, Concha Sabadell y Concha Nicolás, sostienen que el extesorero se apoderó "como mínimo", entre 1999 y 2005, de 299.650,61 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza.

Otros acusados con problemas

La pena más alta solicitada por el Ministerio Público es para el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, que se enfrentará a más de 110 años de cárcel.

También solicita que el Partido Popular (PP) y la exministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. Mato, en concreto, se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el 50 por ciento de sus fiestas familiares, mientras que la 'Gürtel' habría sufragado al PP con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo.

Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, acusan a un total de 42 personas, entre las que se encuentran el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los extesoreros 'populares' Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.

Por su parte, el exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se enfrenta a 46 años de cárcel por asociación ilícita fraude fiscal, malversación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Además, tendrá que devolver a la Comunidad de Madrid un total de 430.228,64 euros: 341.430,82 por el sobrecoste de las facturas cargadas a la red 'Gürtel' entre 2004 y 2008, 1.825 euros por la duplicidad de las facturas de la instalación del Belén de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, en 2005; y 86.976 euros por la doble facturación en la adquisición de tres atriles.

La Fiscalía pide para Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, 15 años y cuatro meses por cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata', se enfentará a 50 años y diez meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación, prevaricación, prevaricación, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El escrito de acusación también apunta a la responsabilidad civil de un total de 25 personas físicas y jurídicas, entre las que, además de Ana Mato y el PP, se encuentran las empresas de la trama y adjudicatarias como Sufi, filiar de Sacyr.

Cuarta negativa de libertad

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado por cuarta vez el recurso del extesorero del PP para salir de prisión y ha confirmado este viernes su continuidad de la cárcel.

La Audiencia Nacional rechaza así, por cuarta vez, poner en libertad a Bárcenas, en prisión desde el 27 de junio de 2013, al considerar que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez Ruz ya ha rechazado en otras cinco ocasiones ponerle en libertad. La última ocasión en que un recurso de Bárcenas fue rechazado fue en septiembre, cuando su defensa pidió la excarcelación invocando la resolución de un tribunal suizo que acordó la suspensión temporal para utilizar la documentación remitida sobre él en el 'caso Gürtel'.

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