La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha requerido a la Intervención General de la Junta de Andalucía los "informes adicionales" que realizó en su memoria de 2006 sobre las propuestas de acuerdo de Consejo del Gobierno para poder determinar "el paralelismo entre lo acontecido en la Agencia IDEA con lo ocurrido en otras empresas públicas".
Así lo reclama en un auto dictado el pasado martes 23 de diciembre en el que la magistrada pide a la Intervención General los informes "que se hubiesen realizado en las entidades Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Tursama o en cualquier otra empresa pública, por afectar las irregularidades detectadas a 'resultados' o a la 'clasificación de sus activos activos y pasivos' y por supuestas deficiencias en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por las Consejerías para el envío de fondos aquellas, con elusión de la fiscalización previa, a fin de determinar el paralelismo entre lo acontecido en la Agencia IDEA con lo ocurrido en estas otras empresas públicas".
Alaya también requiere a la Consejería de Hacienda de la Junta que le remitan los "expedientes íntegros, tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas de la Junta relativos a los años 2005, 2006 y 2007".
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La mano dura de Alaya