No hubo sorpresa. Tal y como se esperaba y a tan sólo tres días de que el Rey Felipe VI pronuncie su primer discurso de Nochebuena, el juez instructor del caso Nóos dictó ayer un auto por el que acuerda la apertura del juicio oral y sienta en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina por cooperadora necesaria en un doble delito fiscal y un fraude de 337.000 euros.
El magistrado, José Castro, la reclama el pago de una fianza de 2,69 millones de euros, a los que hay que sumar además los 14,95 millones que pide a su marido, Iñaki Urdangarin, lo que eleva el importe total exigido al matrimonio a 17,6 millones.
Aunque la infanta ha consignado ya 587.000 euros que le pedía la Fiscalía, la cantidad total deberá abonarse antes de 20 días, pudiendo el juez en caso contrario proceder a a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La situación procesal del cuñado del Rey es mucho más complicada, en cualquier caso, que la de la Infanta, porque se enfrenta en total a acusaciones por la comisión de hasta nueve supuestos delitos: de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y uno delito de blanqueo de capitales.
Críticas a la fiscalía
En el auto, Castro carga contra el fiscal del caso, Pedro Horrach, al que acusa de haber mirado para otro lado ante la evidencia de los indicios de delito. Según el juez, "la presunción de inocencia, respecto de la que, con una clara referencia a este caso concreto, se ha aireado a los cuatro vientos que no existe en España, y de cuya conculcación también se hace eco el Ministerio fiscal, no estribar en cerrar los ojos ante las sospechas que puedan darse sobre la comisión de un delito, sino continuar la investigación hasta que aquéllas se desvanezcan o se tornen en indicios racionales".
Castro le recuerda al fiscal que ha sido incluso "más garante" con la infanta Cristina que con los demás imputados e insiste en que ésta no ha sufrido en ningún momento indefensión. Asimismo, se niega a aplicar la doctrina Botín, según la cuál, si el perjudicado -en este caso Hacienda o la Abogacía del Estado- no presentan un escrito de acusación no tiene sentido actuar contra el imputado.
Lo hace porque, a su parecer, el perjudicado no es la Administración Tributaria de forma propia y exclusiva, sino el conjunto de los ciudadanos. De hecho, recuerda los últimos lemas de ésta en sus compañas publicitarias. "Hacienda somos todos" o "Lo que tú defraudas, lo pagamos todos" y señala además que, pese a no acusar directamente a la infanta, la Abogacía del Estado sí que se estima perjudicada, sí que ejercita la acción penal y, conscuentemente, sí que pide la apertura de juicio oral por delito fiscal, un planteamiento, por otro lado, similar al que hace el Ministerio Público.
Los 17 acusados
Al margen de los duques de Palma, tras más de tres años de investigaciones el juez Castro ha acordado llevar a juicio también a otras 15 personas más. La fianza más alta se ha impuesto de forma solidaria al que fuera socio de Urdangarin en el Instituto Noos, Diego Torres, y a su mujer, Ana María Tejeiro, por un importe de 15,8 millones de euros. El magistrado ha impuesto asimismo 4,6 millones para el excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; 9,6 millones para el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y 1,2 millones para el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis Pepote Ballester y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal se enfrentan de forma conjunta a una caución de 3,5 millones de euros; el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, a 167.421 euros, y el exgerente de esta entidad, Juan Carlos Alía, a 155.421 euros.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, Castro reclama 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y 1,3 millones para el también exdirector general José Manuel Aguilar.
Tanto Manos Limpias como el PSPV también acusaron y solicitaron prisión para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pero el juez finalmente ha sobreseído la causa contra él. Sí que lo hará, en cambio, la exconsejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, que deberá pagar 152.000 euros.
Las cantidades responden en todos los casos a la suma de las distintas responsabilidades civiles, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.
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