La marcha de Gallardón hacía presagiar la salida de Torres-Dulce de la Fiscalía general del Estado, toda vez que ya había dado muestras de cansancio: intentó, sin éxito, ser promovido al Tribunal Constitucional cuando se produjo la dimisión escandalosa de Enrique López. Todas las reacciones
La posición del fiscal general, regulada por el artículo 12 de la Constitución, es confusa: queda encargado de la defensa de la legalidad y de promover la acción de la justicia cuando observe una infracción de las leyes, disfruta de una explícita independencia pero es nombrado a propuesta del Gobierno, que sin embargo, según la última regulación, no puede destituirle más que en unos escasos supuestos perfectamente tasados.
Esta posición explica que esté sometido a fuertes tensiones, que Torres-Dulce no ha querido seguir soportando, y menos a la vera de un ministro de Justicia con el que no había mantenido relaciones políticas.
Ha habido, como se sabe, diversos desencuentros entre la fiscalía y el gobierno en estos casi tres años que ha durado el mandato de Torres-Dulce (fue designado en enero de 2012). Molestó al Ejecutivo la defensa que hizo de sus fiscales cuando Bárcenas fue llevado a prisión. Y ha irritado al gobierno la tardanza en reaccionar de la fiscalía ante el 9N.
Fue entonces bien evidente que Torres-Dulce se resistió a imputar a Mas con la prontitud que se le solicitaba y permitió a los fiscales catalanes obtener y exponer sus puntos de vista contrarios a emprender acciones penales contra la Generalitat. Imperdonable tibieza.
El sustituto de Torres-Dulce
En definitiva, Torres-Dulce era demasiado meticuloso jurídicamente para unos tiempos expeditivos y atropellados en que la sensibilidad profesional parece estar de más. Es de suponer que el Gobierno recurrirá ahora a un fiscal con menos escrúpulos y más resolutivo, como ha hecho a la hora de sustituir al portavoz de la mayoría en la Cámara Baja. Si ello sucede, probablemente añoraremos pronto a Torres-Dulce.
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Torres-Dulce ve miserables los ataques