
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abordará el lunes 22 de diciembre las 7 querellas y 25 denuncias dirigidas contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros del Govern y miembros del Parlament de Cataluña relacionadas con el proceso participativo del 9 de noviembre.
Según ha informado el TSJC en un comunicado, "debido a la elevada cifra de procedimientos y atendiendo a la relevancia social de los hechos y para evitar decisiones que podrían ser contradictorias", el presidente avocará al pleno de la Sala Civil y Penal la decisión de si admite a trámite o no estos procedimientos.
El pleno tendrá lugar el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas y estará integrado por cinco magistrados de la sala: Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y Francisco Valls; y por su presidente, Miguel Àngel Gimeno.
El pleno consta normalmente de seis magistrados pero desde, que Núria Bassols abandonó su plaza para ser la directora del Programa de Políticas de Transparencia de la Generalitat, hay una plaza vacante que todavía no ha salido a concurso.
El Tribunal requiere al Ministerio Fiscal que, antes de esa fecha, ponga a disposición de la sala la totalidad de los expedientes tramitados para informe, estén o no cumplimentados -aquellos que el mismo TSJC les remitió para que dieran su opinión al respecto-.
La decisión del TSJC llega después de los jueces de los juzgados donde se presentaron estas denuncias y querellas durante la jornada participativa se inhibieran argumentando la condición de aforados de las personas contra las que se dirigía la querella.
La AN defiende la profesionalidad de los jueces
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha destacado este viernes la "profesionalidad" de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que deberán pronunciarse sobre la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a raíz de la celebración, el pasado 9 de noviembre, de la consulta independentista.
En el turno de preguntas del Foro Cope Aragón, que ha protagonizado este viernes en Zaragoza, Navarro ha dicho que "cada institución hace lo que debe hacer" y que, tras interponer la Fiscalía una acción penal, está en manos del TSJC "decidir lo que debe ser procedente o no", subrayando que "tenemos un sistema que funciona y cada uno va a realizar su función de la forma que debe hacer".
"Los políticos deben hablar y solucionar los problemas" y por la vía jurídica "se va a resolver de la forma que las leyes establecen", ha proseguido Navarro, insistiendo en que "tenemos un sistema de garantías suficientes" y la sociedad debe permanecer "tranquila".
Por otra parte, el presidente de la AN ha dicho que no ve "nada peligroso" que las Comunidades autónomas decidan sobre su propia denominación, señalando que "si ese fuera el problema, no pasa nada".
"Nosotros tenemos una Constitución que ampara todas las pretensiones de las Comunidades autónomas, de las instituciones, una Constitución que nos ha dado más de 35 años de paz y nos ha servido para ser convecinos unos con otros y unas Comunidades con otras", tras lo que ha aseverado que la Carta Magna "es el referente, nos debe dar el camino para solucionar toda la desafección que pueda haber".