Podemos reconoce que su llegada al poder podría tener consecuencias negativas para las arcas del Estado. Concretamente, tras detallar algunas de sus propuestas económicas, advierte de que en caso de que la formación llegue al Gobierno, se produciría una reacción en los mercados que "muy posiblemente encarecería la financiación, incrementando la factura por gastos financieros".
Una afirmación que choca con la constatación, reflejada en el mismo documento, de que la deuda pública y privada es el principal escollo de la economía española. Así lo recogen los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres en el documento base para el programa económico del partido liderado por Pablo Iglesias. Ante esa tesitura, insisten en la importancia de estar precavidos y garantizar "la mayor estabilidad política" y generar "la máxima certidumbre y confianza en la gestión" que llevaría a cabo su gobierno. El documento explica que ese encarecimiento de la financiación es la razón por la que "los llamados mercados" están interesados en extender la idea de que un gobierno como el de Podemos "sería desestabilizador".
Navarro y Torres, por contra, defienden que en realidad la llegada de la formación de Pablo Iglesias a la Moncloa sería la "garantía" de que en España se resolvieran problemas como la corrupción y la desconfianza en las instituciones.
Esa es además una de las principales causas de otra de las máximas recogidas en el documento Un proyecto económico para la gente, en el que los economistas hacen hincapié en que es "imprescindible" que la sociedad conozca "a la perfección" los orígenes del problema de la deuda y piden a los ciudadanos que "sea consciente de los costes y sacrificios que quedan por delante como consecuencia de las políticas que se han realizado en los últimos años, entre las que nombra la entrada en el euro o la firma del tratado de Maastricht.
Reestructuración inevitable
La reestructuración "lo más ordenada posible" de la deuda española y europea continúa siendo uno de los principales caballos de batalla de Podemos, y "la única salida posible" al que consideran el problema "más importante" de la economía nacional. De no llevarse a cabo, se produciría "una convulsión de consecuencias inimaginables en todo el continente". Pero tal y como recogen en el documento íntegro publicado ayer, su capacidad de maniobra frente a buena parte de la deuda es "casi nula", por lo que el proceso debe ser "resultado de una estrategia cooperativa" que permita a los estados tener una posición fuerte frente a los mercados.
Se acaban las grandes obras
Otra de las propuestas del documento base, que será utilizado como punto de partida para reflexionar con agentes y movimientos sociales, es que hace falta declarar una "moratoria" de grandes infraestructuras como aeropuertos y AVE, unas inversiones y obras que han sido "la fuente principal de corrupción y de gastos de mantenimiento desorbitados y sin apenas rendimiento social". Un planteamiento que va en la dirección contraria a las últimas políticas europeas, que inciden en incrementar la inversión en infraestructuras e impulsar las grandes interconexiones en el Viejo Continente.
No obstante, ambos defienden esa moratoria a pesar de los posibles efectos negativos, que los propios economistas admiten en su texto, como un posible "menor rendimiento económico inmediato si éste se sigue midiendo como crecimiento del PIB" o, incluso, "la pérdida de empleo en algunos subsectores". Navarro y Torres destacan por contra otros aspectos positivos, como el uso alternativo de los recursos que se dejen de utilizar, que "serán sumamente rentables desde el punto de vista empresarial, del empleo y el beneficio social".
En esa línea, los catedráticos critican el Plan E que puso en marcha Zapatero en 2008. Este plan y otros similares, aseguran, acaban beneficiando a "grandes infraestructuras que luego no generan demanda ni ingresos adicionales, pero sí enormes facturas por mantenimiento e incluso en muchos casos deuda adicional".
Como alternativa, Navarro y Torres proponen pasar de invertir en grandes obras públicas a hacerlo en "infraestructura social", es decir, destinar esos recursos a reforzar servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lo que permitiría así mismo crear nuevos puestos de trabajo.
En el documento, de 68 páginas, se exponen muchas otras propuestas, como la creación de una banca pública, el crédito como derecho público esencial para las familias y empresas garantizado por el Estado, una renta mínima condicionada a la situación económica de las personas, -pero sin concretar los requisitos-, una reforma fiscal que "mejore" el IRPF y elimine el sistema de módulos y la jornada laboral de 35 horas semanales.
Consulte aquí el programa de Podemos