La tardía intervención de Rajoy del pasado miércoles, en respuesta a la consulta del 9-N en Cataluña, fue inobjetable y previsible en todo lo referente al acontecimiento mencionado, un especie de sucedáneo del referéndum imposible que había sido vetado por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno del Estado.
En efecto, Rajoy repitió que está dispuesto a considerar una reforma constitucional, si bien él no piensa proponerla, aunque está abierto a que la propongan otros actores. Como es conocido, el PSOE tiene en cartera la formulación de una propuesta en tal sentido, por lo que se interpretó que el presidente del Gobierno y líder de la mayoría política estaba invitando a la principal oposición a tomar la iniciativa.
No hace falta decir que esta actitud resulta cuando menos sorprendente, ya que lo lógico sería que si el presidente del Gobierno vislumbra que el más grave conflicto que tiene ante sí, que es también el mayor que ha afectado a la integridad del Estado en toda la etapa democrática, puede encontrar una solución por una vía determinada, debería ser él mismo quien formulara las oportunas propuestas, en lugar de sentarse a esperar a que sean otros quienes lo hagan.
El escepticismo de Rajoy a este respecto tiene una causa clara: un error grave en la percepción de la realidad. A juicio del presidente, el "problema catalán" está suscitado por un sector de la sociedad catalana que ha abrazado el independentismo radical y que es irreductible en su pretensión: no habría forma humana de hacerle desistir de su objetivo, por lo que ninguna propuesta negociadora relajaría la exigencia ni rebajaría la tensión.
Pues bien: este sector existe, ciertamente, y no es mayoritario. Está formado por entre 1.800.000 y 2.000.000 millones de electores, que votaron opciones soberanistas en las elecciones autonómicas de 2012 y que salieron a la calle a votar el 9-N. Pero es incierto que el problema catalán se reduzca a la existencia de ese sector y a su correspondiente requerimiento.
Porque además de este foco independentista, hay otro sector mucho más amplio de catalanes irritados que se sienten agraviados por el Estado español, que reclaman un resarcimiento y que por ello mismo, por su indignación, esgrimen el 'derecho a decidir', que no siempre quiere decir 'derecho a independizarse'.
Así las cosas, es claro que sería muy difícil seducir al grupo independentista. Pero no lo es tanto atraer a ese sector social mucho mayor que se declara irritado con España y que exhibe argumentos que resultan ser convincentes y válidos en muchos casos.
Porque es verdad que no se ha tratado bien a los catalanes en demasiadas ocasiones, y que no han sido escuchados cuando han planteado reivindicaciones y demandas legítimas y por lo tanto atendibles.
Lo que olvida Rajoy
En definitiva, no se trata de traer al terreno de la confraternización de Cataluña con España a los radicales sino de restablecer los lazos de amistad, fraternidad y convivencia que el resto del Estado ha mantenido siempre con la mayoría de la sociedad catalana, y que se han roto en buena medida por desidia de ambas partes, aunque es posible restaurarlos con un esfuerzo de razón y de voluntad.
Por esto, Rajoy debería lanzar una invitación cordial a los catalanes con el fin de abordar las cuestiones que les preocupan y que han sido la causa del desentendimiento. Como es conocido, Cataluña reclama un nuevo sistema de financiación que ponga límites generosos pero concretos a la solidaridad; un blindaje competencial claro en las competencias de educación y cultura; el reconocimiento y la plasmación constitucional de los derechos históricos. Y una redefinición del sistema de relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado central.
Cuestiones todas ellas que pueden y deben abordarse, negociarse, acordarse... Es preciso recuperar, en fin, un consenso fundacional, constituyente. Y en este empeño, el gobierno del Estado no puede ser un invitado secundario.
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Arriola marcado por el fracaso ante Mas