
La juez Mercedes Alaya lanzó ayer la operación Enredadera, tercera fase del denominado caso Madeja iniciado en julio de 2013 a raíz de sospechas de irregularidades en un concurso de concesión de suelos de la empresa pública Mercasevilla y que sigue desde entonces bajo secreto de sumario. Siga aquí todo lo relativo a la Operación Madeja.
La Guardia Civil, por orden de la magistrada, procedió a detener a una treintena de personas -altos cargos del PSOE, PP, IU o Coalición Canaria en la Diputación de Sevilla, el ayuntamiento de La Carolina (Jaén), el ayuntamiento de Sevilla y el cabildo insular de Lanzarote, respectivamente.
Junto a estas y otras personas, como funcionarios de Adif en Córdoba y Zaragoza o funcionarios de las consejerías de Fomento de Andalucía (controlada por IU) y Extremadura (PP), figuran exempleados de la empresa Fitonovo, con sede en Sevilla y dedicada a gestión de zonas verdes, epicentro de la red.
De los 32 arrestados, 23 fueron apresados en Andalucía. La Guardia Civil les acusa de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
Fitonovo
Fitonovo, cuyos dos principales directivos (Rafael González y su hijo José Antonio) están imputados y en libertad bajo fianza, tejió una red de contactos corruptos inicialmente en el Ayuntamiento de Sevilla desde 2004. Dos altos cargos de este consistorio (uno del PSOE, que dejó el puesto tras las elecciones de 2011, y otro del PP, destituido a final de 2013), están imputados en la causa, además de dos funcionarios.
Los exdirectivos de Fitonovo han declarado ya a la juez que pagaron 700.000 euros en mordidas a funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para conseguir contratos de 2004 a 2012.
Además, y en paralelo, la red de Fitonovo se extendió a otras cinco provincias andaluzas, Canarias, Extremadura, Madrid, Valencia y Aragón.
Con la colaboración de los ahora detenidos, según se desprende de la información conocida pese al citado secreto de sumario, se amañaban contratos y se pagaban mordidas tanto a personas concretas como, supuestamente, a partidos políticos como PSOE o IU, a tenor de las declaraciones de los directivos de Fitonovo y del director de su filial Fiverde, Ángel Macedo. Fitonovo está hoy en concurso de acreedores y llegó a facturar 32 millones en 2012, último dato disponible.
El registro más llamativo se produjo en la Diputación de Sevilla, feudo del PSOE desde la reinstauración de la democracia, donde se detuvo al director de Carreteras, Carlos Podio. El ente supramunicipal señaló ayer que, tras aparecer Podio relacionado con el caso Madeja a final de 2013, realizó una investigación interna que no reveló ninguna irregularidad en su gestión.
Otro alto cargo de esta Diputación, Enrique Rodríguez (director de Empleo), ya fue detenido e imputado por Alaya en el caso ERE, por lo que fue destituido de su cargo.
También se registró la Siputación de Jaén, gobernada por el PSOE con apoyo de IU, y se detuvo al jefe de servicio de Infraestructuras. En esta misma provincia fue arrestado el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de La Carolina (PP).
Igualmente fueron detenidos tres empresarios en Córdoba relacionados con contratos de la diputación, controlada por el PP desde 2011 tras arrebatársela al PSOE. También fueron apresados dos extrabajadores de Fitonovo en Granada y Gran Canaria, y el asesor jurídico del grupo en Sevilla, Carlos Gamito.
Pagos políticos
Además, los dos exdirectores de la empresa, así como el director de Fiverde, fueron llamados ayer a declarar ante Alaya coincidiendo con la operación. La magistrada investiga una mordida de 85.000 euros que se pagó desde Fitonovo a un asesor de IU en el ayuntamiento de Sevilla poco antes de las municipales de 2011.
El pago se hizo en una caja de zapatos, según declaró el último director general de la empresa, José Antonio González, a Antonio Ruiz Carmona, detenido ayer y que sigue siendo asesor de IU en el consistorio sevillano a día de hoy.
Además, Rafael González, fundador de la empresa, declaró que dio 30.000 euros a un alto cargo del PSOE en el ayuntamiento.