Política

Sánchez exige la comparecencia de Rajoy por los escándalos de corrupción

El líder del PSOE, Pedro Sánchez en la 'Declaración de Valencia'. Imagen: EFE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles una vez más al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre la corrupción. Asimismo, ha destacado que el PP debe "pasar a la oposición para regenerarse", ya que considera que "no puede seguir al frente las instituciones a partir de las próximas elecciones". El PP habría forzado las disculpas de Rajoy.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia junto al secretario general del PSPV, Ximo Puig, tras la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas, que ha aprobado la 'Declaración de Valencia', un documento que incluye una serie de medidas para luchar contra la corrupción y regenerar la vida política.

El dirigente socialista ha indicado que la corrupción es un tema que "ocupa y preocupa" mucho a la opinión pública y, al respecto, ha criticado que la alcaldes de Alicante, Sonia Castedo, siga en el cargo, pese a estar doblemente imputada en el caso Brugal y en Rabasa. "No está representando de manera ejemplar los intereses y los derechos de los vecinos", ha resaltado.

Documento anticorrupción

El Partido Socialista publicó este miércoles un documento titulado ?La declaración de Valencia? en el que detalla sus propuestas para combatir la corrupción e impulsar la regeneración democrática, entre las que está su intención de prohibir los indultos y que los casos de corrupción sean instruidos por la Audiencia Nacional.

La Ejecutiva Federal del PSOE, que celebró hoy su reunión en Valencia, aprobó unadeclaración "por una democracia limpia" en la que se afirma que el país vive "una situación de crisis en distintos ámbitos que no hace sino profundizarse ante la falta de liderazgo del Gobierno".

Los socialistas abogan por una "profunda reforma de la actual Carta Magna, que además de abordar la cuestión territorial y reforzar determinados derechos, suponga progresar, evolucionar y avanzar en la calidad de la democracia española".

Dentro de su deseo de "reforma de la política", el PSOE afirma que "la democracia representativa necesita una urgente modernización, que la haga más abierta, más transparente, más cercana, más eficaz?. Ante los casos de corrupción, "la actual situación es dramática" porque "se acumulan casos de enorme repercusión? que afectan "principalmente al partido en el gobierno y las instituciones que controla, pero también al resto de los partidos".

Acto seguido, reconocen que "la corrupción que más nos repugna es la que afecta a los que se llaman compañeros y compañeras que, con su actuación corrupta, nos mancillan".

Para el PSOE, "no hay institución en España que no sufra un fuerte desprestigio" por la corrupción. "Todas ellas, desde el TC hasta el CGPJ, desde el Parlamento hasta el Gobierno, pasando también por las CCAA y los Ayuntamientos, sufren un fuerte grado de desafección ciudadana".

En este sentido, los socialistas señalan que "la política debe dejar de prometer, y pasar a la acción" y proponen este documento, que presentarán tanto en las instituciones como a la sociedad civil, un total de 50 medidas para hacer frente a la corrupción y en favor de la regeneración democrática.

En concreto, 33 de estas 50 iniciativas se centran en combatir la corrupción y pasan, entre otras cuestiones, por la modificación directa de siete leyes. En materia de lucha contra la corrupción, el Partido Socialista aboga por una "reforma del delito fiscal para rebajar de 120.000 a 50.000 euros el umbral de la cantidad defraudada que constituye delito fiscal, elevar la pena de prisión a seis años y consiguientemente el plazo de prescripción" y por un "incremento de la duración de las penas (principales o accesorias) de inhabilitación".

Exigen que los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado deben "obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus funciones".

Así como por "atribución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política" y la "prohibición de las sentencias de conformidad (acuerdos entre fiscal y acusado) en los juicios por delitos relacionados con la corrupción", entre otras medidas.

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